La entidad busca que el Estado adopte un plan de acción interinstitucional que permita anticiparse a los riesgos y acompañe a las poblaciones más expuestas, como líderes sociales, candidatos, defensores de derechos humanos, periodistas y servidores públicos.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana Electoral 2025–2026, un informe en el que analizó la situación de riesgo en los 1.122 municipios del país y estableció distintos niveles de amenaza para seis procesos electorales.
Según explicó la entidad, el llamado a la acción estatal busca que las autoridades adopten medidas inmediatas, urgentes y sostenidas para prevenir hechos que afecten la seguridad y transparencia de las elecciones.
El documento clasifica los territorios en cinco niveles de riesgo —desde acción inmediata hasta acción ordinaria— y contiene 20 recomendaciones organizadas en seis ejes temáticos. Entre ellas se destacan la coordinación de la respuesta rápida, la presencia y control de la fuerza pública, la prevención y protección de líderes y candidatos, y el fortalecimiento comunitario y organizativo.
La Defensoría también hizo un llamado a las autoridades judiciales y del Ministerio Público para garantizar la investigación de posibles delitos electorales y señaló que es necesario asegurar investigación oportuna y justicia efectiva para prevenir y sancionar los delitos que amenazan la democracia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que “el llamado es a trabajar en ese espíritu de articulación, de colaboración para poder atender los riesgos que existen sobre los procesos electorales”. Con este documento la entidad espera que el Estado adopte un plan de acción interinstitucional que permita anticiparse a los riesgos y acompañe a las poblaciones más expuestas, como líderes sociales, candidatos, defensores de derechos humanos, periodistas y servidores públicos.
