La Defensoría del Pueblo presentó este 29 de octubre de 2025, en Popayán, el informe “Cauca: voces que resisten 2024-2025”, en el que revela un alarmante panorama de vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con 827 asesinatos en 2024 y 524 entre enero y septiembre de 2025, además de masacres, desplazamientos y reclutamientos forzados.
El documento registra que en 2024 se cometieron 827 asesinatos en el Cauca, 564 de ellos entre enero y agosto. En el mismo periodo de 2025, se contabilizaron 524 homicidios. Además, entre 2024 y septiembre de 2025 se perpetraron 18 masacres: 13 en 2024 y 5 este año.
La entidad también alertó sobre la violencia basada en género: 68 mujeres fueron víctimas del conflicto armado en 2024, de las cuales 3 fueron asesinadas. En lo corrido de 2025, se han reportado 33 casos, con 4 homicidios.
En cuanto a las desapariciones forzadas, el informe señala 42 casos entre 2024 y 2025, siendo Popayán el municipio con mayor incidencia (31 víctimas), seguido de Caldono (7), y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto, con un caso cada uno. Estos datos fueron verificados con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
“Decidimos profundizar en las realidades del departamento, en su dolor y en las causas profundas de la violencia. Queremos ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, identificando patrones, actores armados y, sobre todo, las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado”, afirmó Marín Ortiz.
Los municipios más afectados, según las 26 alertas tempranas activas de la Defensoría, son: Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Santander de Quilichao, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, Corinto, Caloto, Cajibío, Buenos Aires y Argelia, entre otros.
La Defensoría identificó además que en el territorio hacen presencia la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que disputan el control de economías ilegales y corredores estratégicos.
En relación con los desplazamientos forzados, el informe señala que 16 de los 105 eventos registrados en el país en 2024 ocurrieron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias. En lo que va de 2025, se han reportado 14 desplazamientos masivos que han impactado a 1.300 familias.
Finalmente, el informe plantea 52 recomendaciones, agrupadas en 9 ejes temáticos, para redefinir la presencia del Estado en el departamento “desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar”. Esto incluye fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales.
La Defensoría del Pueblo insistió en que la crisis humanitaria del Cauca exige una respuesta integral, articulada entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales, para frenar la violencia y garantizar la protección de las comunidades que, como dice su informe, “siguen resistiendo a pesar del dolor”.
