La entidad advirtió que esta situación podría influir en el panorama electoral de 2026, y presentó seis recomendaciones orientadas a garantizar que los procesos de justicia y reparación se mantengan al margen de intereses políticos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó una dura advertencia frente a la propuesta del Gobierno nacional de permitir la participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y, eventualmente, en escenarios políticos.
“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, señaló Marín Ortiz, al subrayar que las víctimas no pueden ser usadas como parte de una estrategia electoral.
Las declaraciones se dieron tras la reunión del ministro del Interior, Armando Benedetti, con 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acreditados como gestores de paz. Durante la Mesa Técnica, el ministro planteó la posibilidad de explorar salidas jurídicas para que algunos de ellos puedan salir de prisión o mejorar sus condiciones de reclusión, aclarando que el espacio no otorga beneficios judiciales inmediatos. Benedetti insistió en que “el objetivo no es repetir esquemas del pasado, sino cerrar de manera institucional el capítulo de la Ley de Justicia y Paz”, y adelantó que los testimonios que saldrán a la luz “van a asombrar a Colombia”, pues podrían involucrar a figuras políticas aún activas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo alertó que estas acciones, aunque se presenten como esfuerzos de paz, pueden tener efectos directos en el contexto electoral de 2026. Por ello, la entidad estableció seis advertencias claves para garantizar que la justicia y la reparación no se vean afectadas por intereses políticos:
