La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió al Gobierno Nacional atención urgente al departamento del Huila, donde persisten siete Alertas Tempranas vigentes por reclutamiento de menores, amenazas a líderes y expansión de grupos armados ilegales. Solicitó que el respaldo institucional se traduzca en inversión social inmediata y presencia efectiva del Estado.
Durante una reunión en Neiva con autoridades departamentales y locales, entre ellas el gobernador Rodrigo Villalba, el alcalde de Pitalito, Yider Luna, y el procurador regional, la Defensora del Pueblo expresó su preocupación por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes.
“Seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos que afectan a toda la población, pero particularmente a menores de edad que están siendo víctimas de reclutamiento, uso y utilización en el Huila”, afirmó Iris Marín Ortiz.
En la zona hacen presencia disidencias del Estado Mayor Central, de la línea de Iván Mordisco, así como estructuras del ELN, la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y el denominado Estado Mayor de los Bloques, del frente de la línea de Calarcá.
Estas organizaciones ilegales han incrementado sus acciones de constreñimiento, amenazas y control territorial, afectando directamente a líderes y lideresas comunales, quienes continúan resistiendo pese a los riesgos crecientes.
La Defensora Marín solicitó al Gobierno Nacional que el respaldo institucional se refleje en asignaciones presupuestales reales y rápidas, que permitan contrarrestar la violencia y fortalecer la legitimidad del Estado.
“Este respaldo debe traducirse en inversión social urgente, que no dependa de procesos lentos que impidan la llegada del Estado. Se necesitan acciones concretas que frenen la gobernanza de los grupos armados ilegales y devuelvan la confianza en las instituciones”, subrayó.
La entidad reconoció los esfuerzos de las autoridades regionales, pero insistió en que la respuesta estructural debe venir acompañada del nivel nacional.
“La protección integral de los derechos humanos solo es posible si las instituciones hacemos presencia efectiva y la vida se respeta sin condición alguna”, concluyó la Defensora, quien reafirmó el compromiso del organismo con la tranquilidad y seguridad de las comunidades huilenses.
