Más de 78.000 personas han sido desplazadas en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, desde el 16 de enero de 2025, por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, una situación que llevó a la Defensoría del Pueblo a exigir una respuesta urgente del Estado.
La crisis humanitaria en el Catatumbo se ha intensificado por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio, que disputan el control territorial en municipios como Tibú y El Tarra. Esta situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, advirtiendo un escenario de alto riesgo para la población civil y múltiples violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La entidad alertó que en zonas como La Gabarra, Pachelli, Campo Dos, Versalles y Caño Indio, el control de los grupos armados se ejerce mediante la imposición de normas de conducta, restricciones de movilidad y regulación de la vida comunitaria.
En el casco urbano de Tibú, incluso, se registra una doble autoridad armada ilegal, donde barrios completos están bajo control del ELN o del Frente 33. Según la Defensoría, la presencia de economías legales e ilegales, como la explotación petrolera, la palma de aceite, la minería informal y los cultivos de uso ilícito, ha convertido al Catatumbo en un territorio estratégico para los grupos armados.
A esto se suma la frontera con Venezuela, que facilita el tránsito irregular y el comercio ilícito, aumentando la presión sobre las comunidades rurales y urbanas. Entre el 14 y el 28 de diciembre, la violencia se recrudeció. En la vereda La Angalia se registraron 74 familias desplazadas, mientras que en el corregimiento Pachelli se presentó un evento de confinamiento que afectó a unas 6.000 personas.
Además, los ataques con drones en Filo Gringo y el desplazamiento de 223 personas desde la vereda Kilómetro 16 de Tibú evidencian la magnitud de la emergencia. Las alcaldías de Cúcuta y Tibú han reconocido que su capacidad de respuesta es limitada por falta de presupuesto y personal, lo que ha generado subregistros y dificultades para atender a las familias que llegan diariamente buscando refugio.
La Defensoría del Pueblo pidió a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio del Interior reforzar la atención humanitaria, activar corredores humanitarios y cumplir sin dilaciones las recomendaciones de la alerta temprana. También solicitó a la Consejería de Paz revisar con cautela la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) autorizada en Tibú, debido a los riesgos que representa el conflicto activo.
