De acuerdo con la concesión, a lo largo de los 85 kilómetros de la vía existen cerca de 130 puntos en riesgo, de los cuales 35 presentan una gravedad mayor.
La concesionaria Coviandina propuso la realización de estudios técnicos para definir una solución estructural y definitiva ante la afectación del kilómetro 18+600 de la vía al Llano, que lleva más de mes y medio con restricciones por una remoción en masa. “Los trabajos que adelanta el Gobierno serían de mitigación y no la solución definitiva que el corredor requiere”, explicó Ricardo Postarini, gerente general de la compañía, durante un recorrido con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
“Para reparar de manera definitiva únicamente esas 35 zonas críticas se necesitarían cerca de 2,5 billones de pesos”, precisó Postarini, quien además indicó que en el caso del k18+600, los costos podrían oscilar entre 55.000 y 100.000 millones de pesos, dependiendo de los resultados de los estudios técnicos.
La Coviandina insistió en que el presupuesto de 9.150 millones de pesos anunciado por el Ministerio de Transporte para atender la emergencia del kilómetro 18 “solo alcanza para obras de mitigación y no para las intervenciones de fondo que se necesitan”. A esta postura se sumó un pronunciamiento de la Contraloría General, que también calificó como insuficiente el monto destinado por el Gobierno. Mientras tanto, el Invías prevé habilitar un carril del tramo el 15 de noviembre, en tanto la concesión culmina en dos semanas los trabajos de limpieza y adecuación de canales de agua en la parte alta de la montaña.
Entre las causas que habrían originado la emergencia, Coviandina señala el mal uso del suelo, el manejo inadecuado del agua y los sistemas de riego sin control, sumados a las fuertes lluvias. “En el 2018 y en el 2023 notificamos a la ANI sobre el riesgo de deslizamiento en el kilómetro 18”, recordó Postarini, quien además cuestionó que algunos alcaldes locales continuaran otorgando licencias de construcción en zonas que no fueron verificadas como habitables.
Para avanzar en una solución definitiva, la concesionaria considera necesaria la compra de unas 25 fincas ubicadas en el área de influencia, aunque esa decisión dependería de la ANI. “Los estudios técnicos para determinar la solución valen unos 800 millones de pesos y tardarían seis meses en realizarse”, explicó Postarini, quien insistió en que la prioridad es controlar el manejo de aguas y hacer un terraceo de arriba hacia abajo, contrario a la técnica aplicada actualmente por el Invías. Según Coviandina, si las obras no se ejecutan con el enfoque adecuado, la montaña podría saturarse nuevamente y generar otra remoción en masa.
