La concesión afirma que la medida generaría riesgos de colapso de algunas estructuras debido al tránsito de vehículos que exceden los límites de carga permitidos.
La concesión Coviandina, encargada de la operación de la vía Bogotá–Villavicencio, alertó a la Superintendencia de Transporte sobre los riesgos que representa la suspensión del control de peso a los vehículos de carga pesada que transitan por el corredor vial.
En una comunicación dirigida al superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave, la concesionaria señaló que la medida “pone en grave riesgo la infraestructura concesionada, especialmente considerando la situación actual de los puentes metálicos de Naranjal, Susumuco y Aserrío, de amplio conocimiento por parte de la ANI”.
Según Coviandina, la suspensión del pesaje —acordada entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes del autodenominado Comité del Paro Vía Bogotá–Villavicencio— podría generar “serios riesgos de colapso de algunas estructuras”, debido al tránsito de vehículos que exceden los límites de carga permitidos.
La empresa advirtió que “el tránsito de vehículos que excedan el peso para el cual fue diseñada la vía conducirá a un deterioro acelerado e imprevisto de sus condiciones, riesgo que será de cargo de la ANI”.
Durante septiembre de 2025, Coviandina realizó control de peso a 40.086 vehículos, de los cuales el 59,2 % correspondió a carga pesada, y 83 presentaban sobrepeso. Estas cifras, indicó la concesión, evidencian la necesidad de mantener el control para evitar daños estructurales en los puentes y tramos críticos del corredor.
El gerente general de Coviandina, Ricardo Postarini Herrera, subrayó que la comunicación busca prevenir controversias y reiterar la disposición del concesionario para “cooperar en soluciones técnica y jurídicamente viables que garanticen la seguridad de los usuarios y la preservación de la vía”.
La misiva también fue remitida al Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y Transporte, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la ANI, entre otras entidades de control.
