La Sala de Instrucción del alto tribunal no logró mayoría para definir la situación judicial de varios congresistas señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La Corte Suprema de Justicia designó a dos conjueces para resolver el empate en la Sala de Instrucción sobre la decisión de llamar a juicio o imponer medidas contra cinco congresistas y un excongresista investigados por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
El proceso judicial relacionado con el presunto entramado de corrupción en la agencia estatal entró en una nueva etapa tras el empate registrado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Ante esta situación, el alto tribunal decidió acudir a la figura de conjueces, quienes tendrán la responsabilidad de analizar la ponencia y participar en la nueva deliberación que permitirá definir el rumbo del proceso.
El primero de ellos es Jesús Alfredo Rey Córdoba, abogado con doctorado en Derecho y trayectoria en asuntos diplomáticos, quien ha trabajado en escenarios internacionales como Nueva York y las Naciones Unidas. El segundo conjuez es Javier Fernando Fonseca, abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Penal, con experiencia en análisis jurídico en el ámbito penal y procesal.
La Sala de Instrucción volverá a reunirse el próximo miércoles 11 de marzo para revisar el caso junto a los conjueces y adoptar una decisión definitiva. Debido a este trámite, el fallo no se conocerá antes de las elecciones legislativas previstas para el domingo 8 de marzo.
Entre las personas mencionadas dentro de la investigación aparece el representante a la Cámara Wadith Manzur, quien actualmente busca llegar al Senado. En el expediente también figuran los nombres de los congresistas Julián Peinado Ramírez, Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, la representante Karen Astrid Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.
Parte de los señalamientos provienen de testimonios entregados por varios implicados en el caso, entre ellos María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y se convirtió en una de las testigos dentro del proceso judicial.
El caso UNGRD se convirtió en uno de los procesos de mayor impacto político reciente, debido a las presuntas irregularidades en la asignación de contratos y proyectos financiados con recursos públicos destinados a la atención de emergencias y gestión del riesgo en el país.
