La Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener en libertad al expresidente Álvaro Uribe, mientras se resuelve la apelación de su condena por manipulación de testigos y fraude procesal.
Uribe fue condenado el 1 de agosto de 2025 a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un caso relacionado con manipulación de testigos. La sanción le fue impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia en primera instancia.
El 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá acogió una tutela que le reconocía el derecho a la libertad mientras avanzan los recursos de apelación, en virtud de la presunción de inocencia. Esa decisión fue posteriormente ratificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que descartó los argumentos de las víctimas y de la Fiscalía para revocar la medida.
La Corte sostuvo que la orden de detención domiciliaria emitida en su contra careció de motivación suficiente en cuanto a razonabilidad y proporcionalidad. El alto tribunal afirmó que la restricción de la libertad debe estar claramente justificada “al momento en que se profiera el sentido del fallo o al conocerse la condena”.