La medida cautelar ordenada por el alto tribunal deja sin efectos temporales el Decreto 1390 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, mientras avanza el estudio de constitucionalidad dentro del control automático a los estados de excepción.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. La decisión se produjo tras la admisión de una demanda ciudadana y se mantendrá vigente hasta que se profiera un fallo definitivo.
En su comunicado, la Corte señaló que la suspensión tiene carácter preventivo y no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del decreto. El objetivo de la medida es evitar que continúe produciendo efectos jurídicos mientras se analiza si la declaratoria cumple con los requisitos exigidos por la Constitución.
El decreto otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación económica y social excepcional. Con la decisión del tribunal, dichas facultades quedan temporalmente suspendidas hasta que se determine si existe conexidad, necesidad y proporcionalidad entre los hechos invocados y las medidas adoptadas.
La Corte Constitucional recordó que los estados de excepción están sujetos a un control automático, integral y estricto, orientado a proteger los derechos fundamentales y el equilibrio entre las ramas del poder público. El estudio de fondo continuará en curso y su resultado será comunicado oficialmente una vez se adopte la decisión final.
