El seguimiento se hará a través de un modelo preventivo, tras detectar un aumento del 40 % en convenios interadministrativos en meses previos a la Ley de Garantías, en el marco de las elecciones de 2026.
La Contraloría General indicó que la medida busca detectar patrones de riesgo y prevenir el uso indebido de fondos públicos con fines políticos. El seguimiento comenzó el 8 de noviembre de 2025 y se concentra en la revisión de convenios interadministrativos, contratos de servicios y transferencias excepcionales de recursos a entidades territoriales.
Según la entidad, los meses de septiembre y octubre registraron un incremento inusual de hasta 4 billones de pesos en contratos cargados al SECOP, cifra muy superior a los promedios de los meses anteriores, que oscilaron entre 1,9 y 2,8 billones.
El ente de control precisó que la vigilancia incluirá el cruce de bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda, con el fin de identificar irregularidades que puedan afectar la transparencia del proceso electoral.
A partir del 31 de enero de 2026, el organismo iniciará la fase de control sobre la contratación directa, una modalidad que en años anteriores ha presentado picos de hasta 15,2 billones de pesos en los primeros meses del año. Los hallazgos que indiquen riesgos de uso electoral de recursos serán trasladados a las autoridades competentes.
