La Contraloría General de la República estableció un daño fiscal de $5.670 millones en una auditoría financiera realizada a la Aerocivil, tras identificar un contrato ejecutado sin los debidos permisos y licencias.
El presunto detrimento patrimonial fue identificado en una auditoría financiera realizada a la Aeronáutica Civil sobre la vigencia 2024.
La investigación reveló que la entidad suscribió el Contrato 22001380 02 H3 de 2022, cuyo objeto era la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales de los aeropuertos de la regional centro sur, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones exigidas por la ley. Entre los terminales afectados se encuentran los de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villa Garzón.
La falta de estas autorizaciones representa un riesgo para la salud pública de los viajeros, trabajadores y habitantes de las zonas cercanas a los aeropuertos, debido a la posible contaminación generada por la mala disposición de las aguas.
La Contraloría también advirtió retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), priorizado por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo. Este plan debía culminar en mayo de 2025; sin embargo, a diciembre de 2024 solo alcanzaba un avance del 2,31 %.
El informe recordó que la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) requiere autorización de concesión por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, mientras que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) deben contar con permiso de vertimientos.
En el caso de los aeropuertos de Villa Garzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia, no se encontraron permisos vigentes para el funcionamiento de las PTAP ni concesiones de agua. Asimismo, en Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia no existen autorizaciones ambientales para el manejo de vertimientos en sus PTAR.
La Contraloría concluyó que contratar la operación de estos sistemas sin las licencias necesarias no solo contraviene la normatividad ambiental, sino que expone a miles de personas a riesgos sanitarios y ambientales.
