El ente de control detectó incrementos inusuales en la contratación pública por $4,0 y $3,5 billones durante los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, y anunció una estrategia especial para supervisar los contratos suscritos en ese periodo.
La Contraloría General de la República puso en marcha una estrategia para poner la lupa sobre los contratos que se firman justo antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, un periodo en el que tradicionalmente aumentan las alertas por posibles irregularidades. Según la entidad, el objetivo es que la ciudadanía pueda “vigilar de cerca cómo se usan los recursos públicos en tiempos electorales”.
Para ello, la entidad recordó que cualquier persona puede reportar situaciones sospechosas o presuntos malos manejos a través de herramientas como Ciudadana (SIPAR), la app CGRCOL, la línea gratuita 199 y el portal web de la Contraloría. “Son canales abiertos para que cualquier ciudadano pueda aportar información y ayudarnos a activar las alertas”, indicó la entidad.
La entidad detectó picos inusuales en la celebración de contratos y convenios interadministrativos antes del inicio de las restricciones electorales, con montos que alcanzaron $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre de 2025. Ante la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que prohíbe nuevos convenios de este tipo para la ejecución de recursos públicos, el ente de control activará alertas tempranas para prevenir posibles irregularidades.
El equipo técnico hará seguimiento especial a los contratos que se firman en las horas o días previos a que empiece a regir la Ley de Garantías, pues es allí donde suelen concentrarse los riesgos de uso político o indebido del presupuesto. En ente de control hizo un “llamado es a reportar movimientos inusuales, contrataciones aceleradas o procesos que parezcan hechos a la carrera”. Además, a partir del 31 de enero de 2026, ampliará su vigilancia a la contratación directa, con el fin de evitar desviaciones en el gasto público durante la campaña presidencial y legislativa.
De acuerdo con la Contraloría, estas acciones buscan fortalecer la vigilancia preventiva y evitar que los recursos públicos terminen desviados en plena temporada electoral resaltando que “la participación ciudadana es clave para detectar a tiempo cualquier anomalía”.
