La consulta interpartidista es un mecanismo legal mediante el cual partidos y movimientos políticos someten a votación interna la escogencia de sus candidatos. Se realiza el mismo día de elecciones ordinarias y está regulada por la ley electoral colombiana.
En Colombia, los partidos y movimientos políticos pueden convocar consultas interpartidistas para elegir candidatos a presidencia, congreso o autoridades territoriales.
El proceso se cumple mediante votación popular organizada por la Registraduría, con reglas definidas por el CNE y participación abierta o cerrada según cada colectividad.
La consulta interpartidista es una herramienta contemplada en la Constitución y desarrollada por la Ley 1475 de 2011. Permite que dos o más partidos, o movimientos con personería jurídica, acuerden presentar una candidatura común y definan su representante mediante voto ciudadano.
A diferencia de una elección general, en la consulta no se eligen cargos públicos, sino aspirantes que luego competirán oficialmente en los comicios nacionales o territoriales. El ciudadano que decide participar solo puede votar en una consulta, incluso si ese día hay varias opciones en el tarjetón.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso incluye inscripción previa de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral, definición del mecanismo de participación y publicación oficial de los precandidatos. La jornada se desarrolla bajo las mismas garantías logísticas y de escrutinio de una elección ordinaria.
Existen dos tipos de consulta: abierta y cerrada. En la abierta, cualquier ciudadano habilitado para votar puede participar. En la cerrada, únicamente lo hacen los militantes previamente inscritos en el partido o coalición. Esta diferencia la define cada colectividad al momento de solicitar la consulta.
En términos pedagógicos, la consulta interpartidista busca fortalecer la democracia interna de los partidos y permitir que la ciudadanía incida en la escogencia de candidaturas antes de la contienda principal. El Consejo Nacional Electoral supervisa la legalidad del proceso y la Registraduría organiza la logística electoral.
De cara al próximo calendario electoral, este mecanismo vuelve a cobrar relevancia como una etapa previa a las elecciones nacionales, en especial cuando se consolidan alianzas entre movimientos políticos.
