Según la investigación, estas facturas correspondían a pagos pendientes con instituciones prestadoras de salud, los cuales no fueron reportados ante la Superintendencia Nacional de Salud ni incluidos en los balances financieros.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a varios exdirectivos de la Nueva EPS por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de facturas que superarían los $70.000 millones.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían incurrido en delitos como administración desleal, falsedad en documento privado y omisión de información relevante, afectando tanto al sistema de salud como a cientos de prestadores que quedaron sin respaldo económico para continuar sus servicios. La conducta se habría registrado entre 2020 y 2022, periodo en el cual se manipuló la contabilidad para evitar el registro de obligaciones financieras.
Las diligencias judiciales se desarrollan en el marco de una ofensiva institucional para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos del sistema de salud. Según fuentes de la Fiscalía, este caso podría escalar a otras EPS si se demuestra un patrón de ocultamiento sistemático de deudas.
La Superintendencia de Salud expresó que acompaña el proceso judicial y reiteró que las EPS deben responder de forma clara por sus compromisos financieros con las IPS, clínicas y hospitales del país. Se espera que en las próximas semanas se definan las medidas cautelares y si los implicados serán cobijados con detención preventiva.
