El director general de la CAR recordó que, según la normatividad vigente, toda actividad dentro de las zonas de páramo está completamente prohibida.
Un nuevo operativo de alto impacto permitió a la CAR Cundinamarca y a la Fuerza Pública suspender una explotación subterránea de carbón que operaba en pleno páramo de Rabanal, en Lenguazaque. En el predio, ubicado en la vereda Gachaneca, las autoridades encontraron maquinaria caliente y señales claras de que la actividad minera había estado en funcionamiento minutos antes de su llegada.
Según los técnicos de la entidad y los uniformados del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, el Ejército y la Dirección de Carabineros, al ingresar al sitio hallaron equipos como un malacate, ventilador y compresor. Aunque estaban apagados, aún tenían “temperaturas elevadas”, lo que indicaba que habían sido usados recientemente. También se encontraron dos tolvas de gran capacidad para almacenar material, un campamento y madera cortada para el sostenimiento subterráneo.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, fue enfático al señalar que “es importante dejar en claro que dentro de las zonas de páramo cualquier actividad está prohibida, de acuerdo con la normatividad vigente”. Durante la inspección, los técnicos documentaron además la presencia de residuos peligrosos almacenados en dos tambores metálicos con aceite usado, colocados directamente sobre el suelo y expuestos a la intemperie. Parte del contenido ya se estaba filtrando. “El aceite usado vertido al suelo… podría llegar a afectar la calidad del agua subterránea”, advirtió Ballesteros.
El operativo también evidenció el impacto ambiental sobre la flora y el paisaje del páramo. Según el reporte, la cobertura vegetal fue removida en al menos 0,18 hectáreas, dentro de un ecosistema estratégico que alberga especies únicas y adaptadas a condiciones extremas. Las autoridades describieron además un fuerte contraste entre las zonas intervenidas —marcadas por tonos oscuros del carbón— y los colores naturales del entorno.
Por estos hechos, la CAR impuso una medida preventiva argumentando la flagrancia y la prohibición absoluta de actividades mineras en páramos. Tres personas fueron capturadas y trasladadas a Ubaté, donde quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.
