Su defensa alegó falta de pruebas materiales que vinculen al exfuncionario con los contratos irregulares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), compareció este martes ante el Tribunal Superior de Bogotá y rechazó categóricamente los cargos imputados por la Fiscalía: cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. “No acepto los cargos porque son calumnias sin fundamento”, afirmó durante la audiencia.
La Fiscalía sostiene que González habría hecho parte de una red de corrupción que direccionó millonarios contratos a empresas aliadas mediante sobornos y favorecimientos. Según el ente acusador, el exdirector del Dapre tuvo conocimiento y participación activa en el desvío de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales. En su intervención, se señalaron transferencias sospechosas y reuniones privadas previas a la firma de contratos hoy cuestionados.
No obstante, la defensa de González argumentó que no existen pruebas concretas que lo vinculen directamente con las operaciones fraudulentas. Aseguran que los señalamientos provienen de testigos con intereses personales en reducir sus condenas, y pidieron que se amplíe la investigación para incluir a otros implicados dentro de la UNGRD. También sostienen que González no tenía funciones de contratación directa ni relación formal con los procesos en cuestión.
La audiencia de imputación continuará esta semana, y se espera que el Tribunal decida si impone medidas restrictivas contra el exfuncionario. Este caso se suma a otras investigaciones que involucran a varios exfuncionarios del actual Gobierno, lo que ha generado presión política y renovados llamados a la transparencia en la contratación pública.
El proceso aún se encuentra en etapa preliminar y no hay fecha definida para la formulación formal de cargos.
