Los gestores no asumirán funciones policiales ni coercitivas, por lo que no portarán armas, no podrán imponer comparendos ni detener personas, y en ningún caso reemplazarán a la Policía.
En medio de las recientes protestas estudiantiles en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, que terminaron en actos de vandalismo contra edificios y conjuntos residenciales en el norte de Bogotá, el Distrito anunció la apertura de la primera convocatoria para conformar el grupo de Gestores del Orden.
Se trata de un equipo de servidores públicos que trabajará de manera permanente en sectores priorizados de la ciudad, con el propósito de prevenir situaciones de desorden e inseguridad, promover la convivencia y apoyar la solución de conflictos entre vecinos. “El objetivo es que esta figura represente la presencia de la Administración en el territorio”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.
La Alcaldía aclaró que los Gestores del Orden no cumplirán funciones policiales ni coercitivas: no portarán armas, no impondrán comparendos y en ningún caso reemplazarán a la Policía Metropolitana.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aprovechó para hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las altas cortes, solicitando la creación de una mesa que regule el derecho a la protesta, “manifestar el cumplimiento de mis derechos alzando la voz no significa que me autorice a intimidar a los ciudadanos ni a vulnerar sus derechos”.
Al respecto en diálogo con El Tren de la Mañana, Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad, señaló que esta estrategia responde a una necesidad real porque “cada año en promedio en Bogotá se reciben 461 mil llamadas a la línea 123, y al analizarlas no son temas de crimen ni de delincuencia, sino problemas de parqueo, riñas por ruido o habitantes de calle. Eso está desgastando a la Policía en temas de convivencia y quitándole tiempo valioso para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”.
Nieto advirtió que se debe aclarar el marco jurídico de esta nueva figura dado que “la figura jurídica sería saber si estas personas van a ser funcionarios públicos, como ocurre con los inspectores de policía, lo que implicaría crear cargos y una carrera administrativa. Por ahora, todo indica que serán contratistas”.
El experto recordó que los gestores de convivencia, que cumplen 20 años de existencia en Bogotá y ya han sido replicados en siete ciudades, funcionan con un esquema similar: “Son informadores y mediadores, la mayoría contratistas, pero con claridad sobre su rol y sus límites”.
Finalmente, Nieto se refirió al debate sobre la protesta en el país, tras el llamado del secretario Cesar Restrepo y dijo que “la protesta social es un derecho constitucional. La Corte se ha pronunciado en cuatro oportunidades sobre el tema, e incluso el Tribunal de Cundinamarca en 2021 solicitó crear el estatuto nacional de protesta y movilización social, que ya existe. Lo importante es diferenciar entre protesta, bloqueo, manifestación, plantón, marcha y vandalismo. Porque cuando alguien destruye un bien público o privado, como una estación de Transmilenio o la casa de un vecino, ya no hablamos de protesta, sino de un delito que debe responder ante la justicia”.
