La infiltración de estos residuos altera las condiciones físicoquímicas del suelo y compromete su equilibrio nutricional, lo que podría generar graves consecuencias ambientales a largo plazo en la zona.
Una queja ciudadana permitió que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) interviniera un restaurante en Ricaurte, Cundinamarca. El local comercial venía vertiendo aguas residuales directamente al suelo, sin tratamiento previo y sin contar con los permisos ambientales requeridos. La mezcla de grasas y líquidos en descomposición estaba generando una seria afectación al recurso suelo.
El equipo técnico y jurídico de la dirección regional Alto Magdalena inspeccionó el lugar y encontró un tubo de seis pulgadas por donde se realizaban los vertimientos en un terreno contiguo al restaurante. “No se evidenció tratamiento alguno de las aguas residuales, lo que representa una clara infracción a la normatividad ambiental”, indicó la CAR.
Aunque no se encontró una fuente hídrica cercana, los expertos concluyeron que el suelo sí estaba siendo degradado. La infiltración de estos residuos altera sus condiciones físicoquímicas y afecta sus nutrientes, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la salud ambiental de la zona. “Las malas prácticas en cualquiera de las etapas del proceso pueden derivar en afectaciones a la salud de las personas, bien sea por la exposición y contacto con sustancias en descomposición como a los olores que se generan por un mal manejo de sustancias grasas y lixiviados”, señaló Camila Andrea Velásquez, directora regional de la CAR en el Alto Magdalena.
La funcionaria también recordó que “el medio ambiente es patrimonio común y la CAR es la máxima autoridad ambiental en la jurisdicción, por lo tanto, es la encargada de determinar este tipo de afectaciones que ponen en riesgo tanto la salud del medio ambiente como de los ciudadanos”.
Como medida preventiva, la CAR ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos y trasladó el caso a la Procuraduría delegada para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios, que ahora asumirá el seguimiento del proceso.
