Tras 17 días de trabajo conjunto, se logró la judicialización de cuatro personas presuntamente involucradas en la planeación y ejecución del ataque.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional revelaron importantes avances en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de la capital.
Entre los judicializados se encuentra el adolescente que accionó el arma de fuego, así como Carlos Eduardo Mora González, quien habría facilitado el vehículo para la entrega del arma; Katerine Andrea Martínez Martínez, señalada como la persona que transportó la pistola tipo Glock utilizada en el atentado; y William Fernando González Cruz, presunto responsable de coordinar el ataque y apoyar la huida de los involucrados. A todos se les imputaron delitos como tentativa de homicidio agravado, uso de menores en actividades delictivas, porte ilegal de armas y destrucción de evidencia.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, explicó que la conducta imputada incluye el agravante de haber atentado contra un miembro de una colectividad política, según lo dispuesto en el artículo 104 del Código Penal. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que el ataque obedeció a la condición política de la víctima y no a otro móvil hasta ahora identificado.
En el marco de la investigación se han realizado más de 300 actividades técnico-investigativas, entre ellas la revisión de 89 cámaras de seguridad, entrevistas a testigos, registros y allanamientos, así como análisis de información de bases de datos y dispositivos electrónicos. Uno de los celulares incautados, perteneciente al menor involucrado, contenía imágenes del alcalde de Bogotá y de la propia Fiscal General, almacenadas de forma automática por una aplicación de noticias.
Los expertos en informática forense determinaron que dichas imágenes fueron almacenadas en la memoria caché del teléfono sin intervención directa del usuario. Además, no se hallaron búsquedas, conversaciones ni vínculos que sugieren un interés específico del menor en estas figuras públicas.
Las autoridades continúan trabajando para identificar a los determinadores del hecho y esclarecer completamente las motivaciones del atentado.
