Los exmilitares aceptaron su participación en al menos 581 asesinatos cometidos entre 2002 y 2007, dentro de un patrón criminal que buscaba inflar resultados operacionales con víctimas inocentes.
Un total de 42 antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del caso de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivo’. Entre los comparecientes se encuentran 6 tenientes coroneles, 23 oficiales, 8 suboficiales, 3 soldados y 2 civiles.
Los reconocimientos fueron presentados por escrito ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del plazo otorgado para responder a la imputación. Los comparecientes aceptaron su responsabilidad en los términos establecidos por la magistratura y manifestaron su disposición de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En algunos casos, se entregó información nueva y se reconocieron hechos no contemplados en la imputación formal.
“Los imputados reconocieron su participación en homicidios, desapariciones forzadas y tentativas de asesinato”, informó la JEP. Según la investigación, al menos 581 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2007. De ellas, 208 fueron víctimas de desaparición forzada. “Los comparecientes imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en los homicidios, entre ellos 208 casos de desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato”, indicó la jurisdicción.
Uno de los oficiales que reconoció su responsabilidad fue el teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien ejerció como oficial de operaciones de la IV Brigada entre 2004 y 2007. Varios de los comparecientes admitieron haber impulsado la política de facto del “conteo de cuerpos” como indicador de resultados operacionales, a pesar de los riesgos que esto representaba para la población civil. La JEP sostiene que esa política contribuyó a la creación de un patrón macrocriminal sistemático.
La evidencia recopilada por la Sala de Reconocimiento revela que las órdenes, directrices y mensajes cotidianos transmitidos por la cadena de mando militar condicionaron la conducta criminal de los subordinados. No obstante, cuatro comparecientes decidieron no aceptar la imputación como máximos responsables, mientras que otros tres presentaron solicitudes de nulidad. En el caso del compareciente Édgar Emilio Ávila Doria, la Sala no registra respuesta formal alguna.
