La mutilación genital femenina es una práctica nociva que ha afectado a miles de mujeres en el mundo, especialmente en países de África, algunos estados árabes y, en Colombia, dentro de ciertas comunidades indígenas.
La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 230 millones de mujeres en el mundo han padecido esta práctica, que está dividida en cuatro tipos:
TIPO 1: Eliminación parcial o total del glande del clítoris (la parte externa y visible del clítoris, que es la parte sensible de los genitales femeninos) y/o del prepucio/capuchón del clítoris (pliegue de piel que rodea el glande del clítoris).
TIPO 2: Resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores (pliegues internos de la vulva), con o sin escisión de los labios mayores (pliegues cutáneos externos de la vulva).
TIPO 3: Estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, a veces cosiéndolos, con o sin resección del prepucio/capuchón del clítoris y el glande del clítoris (también conocido como infibulación).
TIPO 4: Cualquier otro procedimiento lesivo de los genitales femeninos con fines no médicos, como la punción, la perforación, la incisión, el raspado o la cauterización de la zona genital.
El Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 018 de 2024, de autoría de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, cuyo objetivo es prevenir, atender y erradicar este flagelo en el país.
La existencia de la ablación o mutilación genital femenina en Colombia se desconocía hasta 2007, cuando dos niñas emberá murieron por esta causa y la prensa hizo seguimiento al caso.
Este proyecto fue construido de manera conjunta entre congresistas, organizaciones, universidades, el Ministerio del Interior, académicos y organizaciones sociales. También contó con una participación especial de mujeres de la comunidad emberá, quienes respaldan la iniciativa y buscan transformar esta práctica.
La mutilación genital femenina genera riesgos inmediatos como hemorragias, infecciones, dolor extremo e incluso la muerte. A largo plazo, puede derivar en complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y trastornos psicológicos graves, como estrés postraumático y depresión. Además, limita el acceso a una vida plena y saludable, perpetuando la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 53 casos en Colombia en 2024. Sin embargo, testimonios recogidos por las ponentes del proyecto afirman que no hay un registro real, debido a que esta práctica se maneja de manera sigilosa dentro de las comunidades indígenas.
El proyecto establece una política pública nacional con enfoque en comunidades indígenas, además de una coordinación jurisdiccional con autoridades para modificar normas internas. También contempla campañas de sensibilización y protocolos para el manejo médico.
