El operativo se ejecutó en Viotá, Tocaima y la localidad de Usme en Bogotá. La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, llevó a cabo la ocupación de tres bienes inmuebles y un establecimiento de comercio en Bogotá y los municipios de Biotá y Tocaima, Cundinamarca, con fines de extinción de dominio. Estos bienes, avaluados comercialmente en más de $4.350 millones, fueron puestos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como parte de las acciones para afectar las finanzas de estructuras criminales. En una primera operación, se intervinieron tres inmuebles que eran utilizados por integrantes de un grupo delincuencial desarticulado en 2023. Esta organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes utilizando menores de edad, especialmente en los municipios de Viotá y Tocaima, lo que agravaba su accionar al involucrar población vulnerable. En una segunda operación, fue ocupado un bien inmueble ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá, el cual era utilizado de manera reincidente como matadero clandestino para el sacrificio de ganado hurtado. Según las investigaciones, el ganado provenía de los municipios de Une, Chipaque, Ubaque y Cáqueza, y esta actividad era realizada por el grupo delincuencial “Los Pelones”, desarticulado en 2022. Ambas operaciones contaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas para la Extinción del Derecho de Dominio. La colaboración ciudadana fue clave en el desarrollo de estas investigaciones, gracias a la entrega de información y pruebas que permitieron fortalecer los procesos judiciales y evidenciar la utilización ilícita de los inmuebles ocupados. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad de las comunidades a través de la línea de emergencia 123, con el fin de continuar desarrollando acciones en materia de seguridad en Cundinamarca.
Indagan millonario plan de la banda criminal La inmaculada para fuga de ´Pipe Tuluá’
El intento de huida incluía pago de sobornos a funcionarios del INPEC con presión a comerciantes y fue identificado por las autoridades. Las autoridades colombianas indagan un posible plan de fuga para sacar de la cárcel a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’. De acuerdo con información de inteligencia, la banda delincuencial ‘La Inmaculada’ habría recaudado más de 800 millones de pesos para evitar la extradición de su máximo cabecilla. El supuesto plan contemplaba el pago de sobornos a funcionarios de la cárcel La Picota de Bogotá y el desembolso de recursos por traslados para ejecutar el operativo de escape. Los dineros habrían sido recaudados tras presiones y amenazas a comerciantes en el Valle del Cauca. Actualmente, ‘Pipe Tuluá’ permanece en la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá, luego de un traslado desde la cárcel La Picota, según confirmó el INPEC, mientras se define su extradición a Estados Unidos, por delitos presuntamente relacionados con narcotráfico. En relación con estos hechos y el toque de queda que finalizó en Tuluá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, rechazaron los actos delincuenciales de esta banda criminal en el municipio. En su declaración, el ministro confirmó que las Fuerzas Militares y Policía se desplegarán a Tuluá para garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos. Por su parte, el director de la Policía reiteró que se instalarán dispositivos de seguridad amplios de inteligencia e investigación en el norte del Valle del Cauca.
Rechazan el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto
En alocución presidencial, el jefe de Estado aseguró que la Corte Constitucional será la encargada de decidir la validez del decreto. Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI suscribieron un comunicado afirmando que si el presidente Gustavo Petro firma un decreto para convocar la consulta popular estaría violando la Constitución y rompiendo la separación de poderes. En el documento, los partidos políticos pidieron a las Altas Cortes y organismos de control “que actúen con independencia bajo el principio de legalidad”. También solicitaron al registrador nacional proceder con autonomía e independencia respetando el orden constitucional antes de definir un calendario electoral sobre el eventual decreto presidencial convocando la consulta popular. “Es hora de actuar con firmeza. Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y que busca imponer su agenda política sin atender ni respetar la autonomía del Congreso”, concluye la carta de las colectividades. En relación al anuncio del presidente, también se pronunció el Consejo Gremial rechazando las declaraciones del jefe de Estado de convocar por decreto la consulta popular. En un comunicado, los 34 gremios que integran el Consejo aseguran que esta decisión vulnera la Constitución y la institucionalidad del País. “Representa una grave vulneración al orden legal y la independencia de poderes establecida por la Constitución pública El ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a la una consulta popular que ha sido negada por el congreso de la república”, señalaron en el documento.
Ministerio de Hacienda expidió decreto para adelantar el cobro de retención en la fuente
Con la firma del documento, el gobierno pretende aliviar el grave problema fiscal que afronta el país y estima un recaudo de $ 7.3 billones. El Ministerio de Hacienda confirmó la expedición del Decreto 572 de 2025, para anticipar el cobro de la retención en la fuente del 2026, con el fin de aliviar los problemas de caja que tiene el gobierno. La finalidad de la medida es la modificación de las tarifas de autorretención y las bases mínimas para hacer efectiva la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Su recaudo será de manera gradual. En el documento se define que para la autorretención serán establecidas unas tarifas que irán desde el 1.20% hasta un máximo del 4.5%, que dependerán de la actividad económica, entre ellas, la fabricación de papel, actividades de impresión, petróleo, carbón, fabricación de abonos, hierro, relojes, comercio, salud y actividades del agro. Asimismo, para la compra de bienes, productos agrícolas y pecuarios sin procesamiento industrial, o compras de café pergamino, la retención, establecida en un 1.5%, solo aplicará si el valor supera los $ 3.4 millones. Sobre la adquisición de bienes raíces, la retención tiene relación según el uso del inmueble. La vivienda tendrá una tarifa del 1% hasta 10.000 UVT, mientras que para otros usos el costo será del 2.5%. Con esta decisión, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la meta de recaudo del ejecutivo sería de $ 7.3 billones. Sin embargo, de acuerdo con Fedesarrollo, con la implementación de esta medida podrían ingresar cerca de $13 billones de pesos adicionales al Gobierno durante 2025, no obstante, esta figura reduciría esos mismos recursos en el 2026. Al respecto, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, comentó que el decreto es una reforma tributaria -sin ser debatida en el Congreso-, que tendrá un impacto en el costo de vida teniendo en cuenta que aumenta los costos en el sector agrícola, la cadena de suministros y el transporte de carga y afecta a todos los colombianos.
Procuraduría solicita sanción a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro Presidente
En un concepto enviado por el ministerio público al CNE, se constata las presuntas irregularidades cometidas por el actual presidente de Ecopetrol, en su calidad de gerente de la campaña de Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación confirmó que la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 superó los topes de gasto determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la primera vuelta y desestimó reportes clave en la segunda. La entidad explicó que la campaña superó el límite establecido en la primera vuelta de la jornada electoral por un total de $154.262.381, tras no contemplar la factura CI 8136 por $356.102.872. Teniendo en consideración esta cifra, los gastos fueron de $28.690 millones y el tope era de $28.536 millones. De acuerdo con el informe del ente de control, el responsable directo por el ocultamiento de información contable es Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, sin embargo, también vincula a Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña, y a María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores de la Coalición Pacto Histórico. Sobre la segunda vuelta, la Procuraduría aclaró que no se superó el tope y confirmó que los gastos reales fueron de $13.299 millones. En el documento, la Procuraduría constató omisiones graves, entre ellos, el no reportar el préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático, que fue pagado, pero distorsionó la realidad económica de la campaña. También cuestionó la contratación de testigos electorales, que fueron concretados por la Colombia Humana y no se registraron en los informes financieros. Además, cuestiona el aporte de la USO y Fecode, estos recursos no se incluyeron en la cuenta de campaña, pero se ejecutaron de forma directa sin informar a los responsables financieros, lo que impidió su reporte adecuado. Asimismo, el Ministerio Público reveló que uno de los casos de mayor gravedad fue el evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, que costó realmente $250.000.000 y solo se reportaron $150.000.000 al CNE, el resto fue pagado por la empresa ServiRed SAS, sin que se tuviera en cuenta en los informes oficiales. Por último, el organismo de control ratificó que hubo desconocimiento del régimen de topes, omisión de pagos y falta de transparencia, en consecuencia, recomendó una multa equivalente al 1% de los recursos entregados por el Estado para la primera vuelta, es decir $154.262.381, y la devolución de los dineros públicos.
Senado escogerá al reemplazo de la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional el próximo 3 de junio
La terna presentada por la Corte Suprema de Justicia para ocupar una vacante en el Alto Tribunal es exclusivamente femenina. Este lunes, la mesa directiva del Senado hizo público el cronograma para la elección de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo de Diana Fajardo. El proceso iniciará esta semana y terminará con la votación en la plenaria de la corporación el próximo martes, 3 de junio. Los documentos de las tres aspirantes, Lina Marcela Escobar, Lisneider Hinestroza y Myriam Carolina Martínez, designadas por la Corte Suprema de Justicia, ya se remitieron a la Comisión de Acreditación del Senado, entidad que verificará las hojas de vida de las postuladas. Este proceso se llevará a cabo desde hoy, martes 27 de mayo, hasta el jueves 29 de mayo. Posteriormente, el viernes 30 de mayo, la Comisión de Acreditación presentará el informe correspondiente sobre la verificación de las ternadas, con el fin de continuar hacia la etapa final del proceso. La audiencia y la votación en el Senado se realizará el martes 3 de junio. Durante la plenaria, las candidatas podrán presentar sus propuestas y -antes de que se vote la elección- responderán las preguntas de los legisladores. Perfil de las aspirantes La terna presentada por la Corte Suprema de Justicia para ocupar el puesto en la Corte Constitucional de Colombia es exclusivamente femenina y se enmarca en el debate sobre la paridad de género en los órganos de justicia, que pretende equilibrar la representación de género en el alto tribunal. Lina Marcela Escobar Martínez es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco y tiene dos maestrías en Derecho Público y Derecho Constitucional y Parlamentario. Entre tanto, Myriam Carolina Martínez Cárdenas es egresada de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero y en Derecho de las Telecomunicaciones. Además, fue directora de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno de Iván Duque. Por último, Lisneider Hinestroza Cuesta es jurista de la Universidad Tecnológica del Chocó, con maestría en Derecho de los Recursos Naturales y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Recordemos que hace pocos días, el legislativo designó al abogado Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, tras concluir su periodo en el alto tribunal.
Procuraduría solicitó al Consejo de Estado no anular la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional
Para el Ministerio Público, la designación de Peña no tuvo irregularidades y está justificada en la posesión ante una notaría. La Procuraduría General pidió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que desestime la demanda que pretende la anulación del nombramiento de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027 Para el organismo de control, la polémica elección se ajustó a derecho ya que el proceso que el Consejo Superior Universitario definió para seleccionar a Peña como rector de la Universidad respetó los procedimientos y el reglamento interno, pese a no obtener el triunfo en la Consulta Estudiantil, que fue ganada por Leopoldo Múnera, actual rector del centro educativo. “No opera el carácter vinculante de la consulta frente a la elección. No existe una disposición que imponga la relación directamente proporcional del más votado como el elegido ineludible. La autonomía del Consejo Superior Universitario está garantizada de conformidad con las reglas que regulan el proceso electoral”, explicó en su documento el ministerio público. Además, el ente afirmó que la posesión de Peña, realizada ante una notaría de Bogotá, fue legal y, teniendo en cuenta que el ministerio de Educación decidió no posesionarlo en el cargo sin ningún tipo de consideración o motivación legítima alguna. “Es claro que la posesión del cuestionado ante el notario 14 del círculo de Bogotá como legítima y legal, dada la situación particular en la que se encontraba, no siendo ese accionar objeto de reproche alguno”, concluyó la Procuraduría.
Héctor Carvajal, abogado del presidente Petro, nuevo magistrado de la Corte Constitucional
El nuevo togado manifestó que su cercanía con el mandatario no compromete su independencia ni su compromiso con la defensa de la Constitución. Con 66 votos, la plenaria del Senado eligió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al abogado Héctor Carvajal, de una terna integrada por las juristas Karena Caselles, que obtuvo 26 votos, y Dídima Rico, por la cual sufragaron 2 congresistas, en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo para el periodo 2025 – 2033. Antes de la designación, los 3 abogados ternados por el presidente Gustavo Petro tuvieron cada uno una intervención de 10 minutos, posteriormente, hubo una ronda de preguntas sobre independencia judicial, medioambiente y el uso de la IA en la justicia. Tras ser elegido, Carvajal aseguró que su nombramiento evidencia que su cercanía con el mandatario no compromete su independencia ni su compromiso con la defensa de la Constitución. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional tiene 66 años, es experto en derecho administrativo y civil. Actualmente es abogado del presidente Petro y anteriormente asesoró al jefe de Estado en el proceso de destitución de la procuraduría de Alejandro Ordóñez. Además, fue defensor de Daniel Quintero en el juicio disciplinario por participación en política. Carvajal llega al Alto Tribunal en medio de discusiones clave para el Gobierno, entre ellas, la de la reforma pensional y la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.
Excanciller Álvaro Leyva denuncia amenazas y responsabiliza al presidente Gustavo Petro
Leyva anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar la aparente persecución personal y familiar. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el excanciller Álvaro Leyva denunció ser víctima de amenazas y de persecución luego de la publicación de dos cartas en las que hizo referencia a un problema de adicción de drogas del presidente Gustavo Petro. En la misiva, el exministro reveló que, tras las dos cartas, el jefe de Estado reaccionó de manera airada contra él y su familia. “Nos atacó y nos puso de carne de cañón: desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades”, señaló Leyva en el documento. Según el exfuncionario, pretenden hacerle daño en lo administrativo y en lo penal y relató que un agente de la policía judicial contactó a una persona cercana para solicitar información e iniciar un procedimiento de arraigo. “Esto sin que se me haya notificado de la existencia de indagaciones o procesos judiciales en mi contra”, manifestó el exdiplomático. En la nota, el político hizo responsable al presidente Petro por las amenazas a su familia “en cualquier ámbito” y arremetió contra el mandatario por “encausar” la justicia penal en su contra debido al supuesto “complot” que estaría organizando Leyva. “Téngalo claro Gustavo: ¡No me callará! Mi vida, ya larga, aunque a usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado”, concluyó el excanciller.
Del púlpito a la geopolítica, el alcance real del liderazgo papal
Expertos afirman que el papa refleja una forma de poder alternativo, basado en la autoridad ética y el prestigio histórico. El liderazgo del papa, quien tiene el poder y la potestad del apóstol Pedro, trasciende lo espiritual y -desde hace varios miles de años- ocupa un lugar estratégico en la geopolítica mundial. Aunque la autoridad del Santo Padre emana del púlpito y su legitimidad proviene de la fe, la figura del vicario de Cristo como jefe de Estado, mediador moral y figura influyente, representa una dimensión de poder profundamente efectiva. En su calidad de líder de la Iglesia católica en El Vaticano, el papa goza de tres potestades, así lo explicó Hernán Olano, abogado y doctor en Derecho Canónico. “El jefe del ejecutivo, del legislativo y del judicial, y de él dependen las demás entidades de la iglesia como potestades vicarias, es decir delegadas”. Por su parte, Catalina Bermúdez, doctora en Teología y profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, se refirió al significado de ser papa y por ende el representante de Dios para 1.400 millones de católicos en el mundo. Y esa representación, como jefe del Estado Vaticano, le permite participar en la diplomacia internacional con plena legitimidad jurídica. Además, el sumo pontífice, título cedido por el Imperio romano, tiene la capacidad de reunir a líderes de distintas religiones, naciones y culturas. Su imagen, según Olano, representa la visión moral del Estado. En ese sentido, su mensaje atraviesa las fronteras religiosas y se convierte en un actor significativo en la política internacional. Según el catedrático Petr Kratochvíl, del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga, “el papel específico del papa en la política mundial se ha ido personalizando cada vez más”, destacando su influencia en asuntos globales. En consecuencia, Bermúdez señala que ser cabeza de la iglesia como sucesor de Pedro, implica guiar a la comunidad católica en el momento presente. Asimismo, el obispo de Roma tiene una silla como observador en las distintas organizaciones multilaterales, que tienen incidencia en las decisiones de las naciones, así lo mencionó el catedrático Hernán Olano. Como líder espiritual, la enseñanza del papa alcanza territorios donde incluso las potencias se ven limitadas por intereses y fronteras y ejerce una influencia tangible en la política global, consolidando su papel como líder moral y actor geopolítico. En tiempos de guerras e incertidumbre, el papa refleja una forma de poder alternativo, basado en la autoridad ética y el prestigio histórico. Para Bermúdez, el mensaje del papa tiene un alcance mundial. “Principalmente es un poder espiritual, es un poder o un referente moral. Tiene la responsabilidad de la fidelidad a la fe de miles y miles de católicos y de muchos otros creyentes que también confían en las orientaciones del Papa. Tiene un poder político, claramente, como cabeza de un Estado, un Estado que también es considerado civil, no solamente canónico eclesiástico”, explicó. Más allá de la liturgia y los símbolos, sus encuentros tienen el peso de la diplomacia silenciosa que incide en conflictos, acuerdos y procesos de reconciliación internacional. Los papas han utilizado su posición para influir en decisiones políticas y abogar por la justicia social, esta presencia en estos escenarios globales destaca la relevancia de la diplomacia vaticana y su impacto en la configuración de políticas a nivel mundial.
