La designación de un militar como ministro de Defensa por parte de Gustavo Petro, algo que no ocurría desde hace más de tres décadas, ha desatado un intenso debate en el país. El presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa, una decisión que rompe con la tradición de liderazgo civil en la cartera desde 1991. Sánchez, con amplia trayectoria en las Fuerzas Militares, ha sido reconocido por su papel en la Operación Esperanza, en la que se rescató a cuatro niños en la selva del Guaviare. El general anunció su retiro de la Fuerza Aérea Colombiana para asumir el cargo, enmarcado dentro de una serie de cambios en el gabinete ministerial. Junto a él, el presidente Petro también designó a Yannai Kadamani en Cultura, María Fernanda Rojas en Transporte y Antonio Sanguino en Trabajo, en un intento por fortalecer su equipo de gobierno. El nombramiento ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y militar. La senadora María Fernanda Cabal calificó la designación como “un retroceso para la institucionalidad”, mientras que el senador Miguel Uribe Turbay advirtió sobre una posible “crisis dentro de la cúpula militar”. Entre tanto, fuentes cercanas al alto mando aseguran que el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, evalúa su continuidad. Desde el Gobierno, el presidente Petro defendió la elección de Sánchez argumentando que su experiencia operativa será clave para fortalecer la seguridad en un momento crítico para el país. La ministra del Interior, Luisiana Córdoba, aseguró que la llegada de un militar al Ministerio de Defensa permitirá mejorar la coordinación entre el Ejército y la administración civil. Analistas han advertido que este movimiento podría marcar un cambio en la política de seguridad del país. Mientras algunos sectores consideran que se fortalecerán las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, otros temen que la autonomía del Ministerio se vea afectada por un enfoque más castrense en las decisiones gubernamentales. El impacto de la designación de Sánchez se verá en los próximos meses, cuando se evalúe su relación con los altos mandos y su capacidad de implementar las estrategias de defensa. Por ahora, la expectativa sigue creciendo en torno a los posibles efectos que tendrá esta decisión en la política de seguridad del país.

La capital de Norte de Santander impone restricciones nocturnas y ofrece hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables de los recientes ataques. Las autoridades de Cúcuta decretaron un toque de queda nocturno y anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos tras una serie de atentados que sacudieron la ciudad. Explosiones y ráfagas de fusil afectaron varios puntos, dejando heridos y daños en infraestructura. El ataque más grave ocurrió en el peaje de La Parada, en Villa del Rosario, donde un vehículo cargado con explosivos detonó, hiriendo a tres trabajadores de Invías y dos vigilantes. También se registraron atentados con granadas en estaciones de policía y el CAI de Villa Antigua, generando pánico entre los habitantes. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó que las autoridades trabajan en la identificación de los responsables. La principal hipótesis apunta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia en la región del Catatumbo y ha protagonizado hechos similares en el pasado. La crisis en el Catatumbo ha provocado el desplazamiento de más de 50,000 personas en el último mes, según la Defensoría del Pueblo. Además, más de 100 asesinatos han sido registrados en lo que va del año, lo que refleja la grave situación de seguridad en esta zona fronteriza. Las autoridades han intensificado los operativos para prevenir nuevos atentados y reforzar la seguridad en puntos estratégicos. La comunidad, por su parte, exige respuestas efectivas del Gobierno Nacional para frenar la violencia y garantizar la protección de la población civil.