La Corte Constitucional dio al Gobierno nacional 30 días hábiles para presentar un plan con metas, plazos y recursos destinados a cumplir las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
La decisión exige incorporar esos compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo y su Plan Plurianual de Inversiones.
Uno de los principales reparos del tribunal se refiere a la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Según una alerta de la Defensoría del Pueblo examinada por la Corte, cerca de $53.000 millones permanecen bloqueados. Los recursos están relacionados con proyectos productivos, beneficios económicos, espacios de reincorporación y traslados de excombatientes por razones de seguridad.
El tribunal también pidió al Gobierno explicar la reducción del 79,1 % prevista para los recursos de inversión de la ARN en el proyecto de presupuesto de 2027. Se trata de un recorte proyectado, cuya ejecución todavía no está confirmada.
La decisión hace parte del seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, mediante la cual la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por las vulneraciones de los derechos de los firmantes de paz y sus familias.
Según el alto tribunal, persisten dificultades de coordinación y financiación, además de deficiencias en los mecanismos para comprobar si las medidas de protección funcionan en los territorios.
La Corte también estableció plazos de 20 días hábiles para poner en funcionamiento varias instancias encargadas del seguimiento al acuerdo y de las garantías de seguridad. El tribunal recordó que los compromisos del Acuerdo de Paz deben cumplirse hasta 2030, independientemente de los cambios de gobierno.
Los plazos comenzarán a contarse desde la notificación de la providencia. La orden de 30 días exige presentar un plan verificable, no completar en ese periodo la implementación del acuerdo.
