La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc por hechos cometidos durante el conflicto armado en Tolima, Huila y Quindío.
La decisión incluye a Pablo Catatumbo y otros ocho exintegrantes de esa estructura guerrillera, señalados por su presunta responsabilidad en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y ataques contra civiles y miembros de la fuerza pública fuera de combate.
La investigación documentó 94 incursiones armadas entre 1991 y 2016, lo que convirtió al Comando Conjunto Central en la estructura de las Farc que más tomas guerrilleras y ataques contra estaciones de Policía ejecutó en el país.
Entre los hechos examinados está la toma de Roncesvalles, Tolima, ocurrida el 14 de julio de 2000, donde fueron destruidas más de 30 edificaciones y cerca de 800 personas tuvieron que desplazarse. Según la JEP, 13 policías fueron asesinados después de rendirse.
También se investigaron los ataques contra Puerto Saldaña, en Rioblanco, Tolima, que dejaron al menos 27 civiles asesinados, unas 200 viviendas destruidas y más de 3.600 personas desplazadas.
La JEP examinó cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de organizaciones y víctimas y testimonios de personas afectadas. Los campesinos representan el 54 % de las víctimas acreditadas por hechos atribuidos a esta estructura.
Los nueve imputados tendrán 20 días hábiles, contados desde su notificación, para informar si reconocen su responsabilidad. También deberán aportar información que permita localizar a 30 personas desaparecidas.
Si aceptan los cargos, podrán recibir sanciones restaurativas con restricciones de derechos y libertades. Si los rechazan y posteriormente son declarados responsables en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
