Más de 300 personas han resultado heridas durante las protestas contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama que se registran desde hace más de una semana en Albania, según un balance publicado este jueves 22 de octubre por el diario El País.
Los enfrentamientos se han concentrado principalmente en Tirana, aunque las movilizaciones se han extendido a otras ciudades. Entre los heridos hay manifestantes, policías y transeúntes.
Durante los disturbios, grupos de manifestantes han lanzado piedras, fuegos artificiales y cócteles molotov contra edificios públicos y fuerzas de seguridad. La Policía ha respondido con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma.
Las protestas estudiantiles se intensificaron desde el 13 de octubre con reclamos por el costo de los estudios, las condiciones de las universidades, las ayudas económicas y las oportunidades laborales después de la graduación.
Las movilizaciones se sumaron a un movimiento de protesta que venía desarrollándose desde meses atrás y que inicialmente cuestionó proyectos turísticos de lujo en zonas ambientalmente sensibles de la costa albanesa. La denominada “Revolución de los Flamencos” amplió posteriormente sus reivindicaciones y comenzó a exigir la salida de Rama.
El primer ministro, quien gobierna Albania desde 2013 y obtuvo un cuarto mandato en 2025, ha rechazado renunciar y ha ofrecido dialogar con los estudiantes.
La crisis también está marcada por investigaciones por corrupción. Esta semana, la Fiscalía formalizó cargos contra la exviceprimera ministra y exministra de Infraestructura Belinda Balluku por presuntas irregularidades relacionadas con dos contratos de construcción por más de 200 millones de euros. Balluku niega haber cometido delitos.
Hasta el domingo, la Policía había informado que 388 personas enfrentaban cargos relacionados con los disturbios.
Las protestas también tienen implicaciones para el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea. Rama sostiene que los disturbios pueden afectar el objetivo de ingresar al bloque en 2030.
La Comisión Europea ha condenado los hechos violentos y, al mismo tiempo, ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
