La secretaria de Desarrollo Social denunció presuntas presiones para renunciar y afectaciones a su salud mental.
El alcalde de Lenguazaque, Cundinamarca, Juan Carlos Robayo Ladino, se pronunció sobre las denuncias de presunto acoso laboral, misoginia, discriminación y abuso de autoridad formuladas por la secretaria de Desarrollo Social, Alexandra Contreras Cristancho. A través de un comunicado, el mandatario rechazó los señalamientos y anunció que acudirá a las instancias competentes para que se esclarezca lo ocurrido.
“Rechazo categóricamente esas acusaciones. No son ciertos, desde mi conocimiento de lo ocurrido, los hechos que se me atribuyen ni comparto la descripción que públicamente se ha hecho de mi conducta”, manifestó Robayo Ladino en el documento dirigido a la opinión pública.
La respuesta se conoce luego de que la funcionaria publicara un video en sus redes sociales en el que denunció presuntas presiones para dejar su cargo y afectaciones a su salud mental. Frente a esta situación, el alcalde señaló que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría Regional, la Personería Municipal de Lenguazaque, la Defensoría Departamental de Cundinamarca y la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género de la Gobernación, para que, si lo consideran pertinente, intervengan en el proceso y evalúen mecanismos adicionales de protección para la funcionaria.
En el comunicado, el mandatario aseguró que no responderá a las denuncias con ataques personales y reconoció el derecho de las mujeres a presentar quejas cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. “Respetar una denuncia no significa dar por demostradas sus afirmaciones, y defender el buen nombre no significa desconocer los derechos de quien denuncia”, expresó.
Robayo Ladino también se refirió a las facultades legales de los alcaldes para conformar sus equipos de gobierno y precisó que estas deben ejercerse con respeto por los derechos fundamentales y las garantías laborales, incluida la protección especial de la maternidad y la lactancia. En ese sentido, afirmó que ninguna decisión administrativa puede utilizarse para desconocer derechos o tomar represalias contra quien presenta una denuncia.
“Estoy dispuesto a aportar ante las instancias competentes los documentos, las explicaciones y los elementos de prueba que permitan esclarecer lo sucedido”, agregó el alcalde, quien insistió en que el caso debe examinarse con objetividad, independencia y respeto por el debido proceso.
Por ahora, las acusaciones y la respuesta del mandatario forman parte de una controversia que deberá ser esclarecida por las instancias competentes. El alcalde reiteró que continuará con sus responsabilidades al frente de la administración municipal, mientras se conocen las actuaciones que puedan derivarse de las denuncias.
