El niño murió en Bogotá después de ser remitido desde Anolaima con un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones.
Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de un niño de 20 meses, quien fue trasladado el pasado 6 de agosto desde Anolaima a centros asistenciales de Facatativá y Bogotá debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, el menor fue llevado inicialmente al centro de salud de Anolaima por su madre y su abuela. Allí se identificaron aparentes signos de violencia y, debido a su delicado estado de salud, fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá.
En este centro asistencial, un equipo multidisciplinario evidenció un trauma craneoencefálico severo y múltiples traumatismos contundentes. Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, donde falleció.
Tras las labores de investigación adelantadas por la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Juan Moreno Pinzón, señalado como presunto agresor y padrastro del menor. El hombre deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización por el delito de homicidio agravado.
El gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que la Administración Departamental acompañará el proceso y brindará apoyo a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones”, afirmó el mandatario.
Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
El gobernador también hizo un llamado a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes desde los hogares, las instituciones educativas y las entidades responsables de garantizar sus derechos.
