El organismo de control advirtió al Ministerio de Hacienda sobre el crecimiento de la contratación estatal después de la segunda vuelta presidencial.
La Contraloría General activó una función de advertencia luego de identificar la suscripción de 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones, un comportamiento que supera en 22,5 % el registrado en el mismo periodo posterior a las elecciones presidenciales de hace cuatro años.
El informe remitido al Ministerio de Hacienda señala que, tras el levantamiento de la ley de garantías, se incrementó la contratación estatal, especialmente mediante la modalidad de contratación directa. De acuerdo con el organismo de control, durante las últimas cuatro semanas se han celebrado más de 11.000 contratos bajo ese mecanismo.
La Contraloría manifestó que esta situación amerita un seguimiento especial para verificar que las obligaciones contractuales y presupuestales respondan a una adecuada planeación financiera, cuenten con respaldo presupuestal suficiente y puedan ejecutarse dentro de los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.
En la advertencia, el ente de control también recordó que las finanzas públicas enfrentan restricciones asociadas al menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la liquidez del Gobierno Nacional. En ese contexto, insistió en que toda decisión de gasto debe estar respaldada por la capacidad real de financiación del Estado.
La Contraloría señaló que existen riesgos contractuales y presupuestales que requieren especial vigilancia en algunas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, donde el volumen de contratación directa motivó observaciones por parte del organismo de control.
Según explicó la entidad, la función de advertencia no constituye una investigación ni una sanción, sino un mecanismo preventivo previsto para alertar oportunamente sobre situaciones que podrían generar riesgos para los recursos públicos y facilitar la adopción de medidas correctivas por parte de las entidades responsables.
Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a que las decisiones presupuestales y contractuales se adopten con criterios de prudencia fiscal, sostenibilidad y planeación, con el propósito de evitar afectaciones al patrimonio público y eventuales responsabilidades fiscales o disciplinarias para los ordenadores del gasto.
