El mecanismo de cooperación impulsado por Estados Unidos contempla acciones conjuntas contra el crimen organizado, pero su aplicación en Colombia dependerá de los límites previstos en la legislación nacional.
La eventual incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas abre interrogantes sobre el alcance de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y los demás países que participen en la iniciativa. Aunque el mecanismo busca coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, todavía no se conocen los acuerdos específicos que definirán su funcionamiento.
Durante una entrevista con El Dorado Radio, Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, explicó que los alcances del proyecto no pueden evaluarse únicamente desde el componente operativo, sino también desde el contexto político de la región y los instrumentos jurídicos que adopte cada país.
Según el investigador, la llegada de gobiernos con posiciones cercanas a la administración estadounidense podría facilitar una mayor cooperación en inteligencia, seguridad y defensa. Sin embargo, advirtió que cada Estado deberá definir las condiciones de su participación y los límites de cualquier acción conjunta.
Goldstein señaló que Colombia requiere un análisis particular por su experiencia en materia de cooperación con Estados Unidos y por los antecedentes de programas como el Plan Colombia.
“Hay que tener mucho cuidado con la forma en que otras potencias quieren trasladar sus métodos de seguridad, sus técnicas y sus recomendaciones al territorio colombiano”, afirmó.
El académico explicó que, mientras no exista un acuerdo formal, no es posible establecer si el mecanismo contemplará la presencia de personal extranjero, el uso compartido de infraestructura o el desarrollo de operaciones dentro del territorio nacional. Esos aspectos, indicó, deberán ajustarse al marco constitucional colombiano y a los controles previstos por las instituciones del Estado.
Durante la entrevista también analizó el uso del concepto de “narcoterrorismo” para clasificar organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. A su juicio, esa denominación debe sustentarse en criterios jurídicos y probatorios, debido a las implicaciones políticas, diplomáticas y militares que puede generar.
Goldstein señaló que la cooperación regional podría incluir intercambio de inteligencia, capacitación, sistemas de vigilancia y coordinación entre autoridades judiciales, siempre que esas acciones respeten la legislación y la soberanía de cada país.
Finalmente, sostuvo que Colombia deberá definir con precisión el alcance de su participación, los mecanismos de intercambio de información y las facultades que otorgará dentro de este esquema de cooperación, decisiones que marcarán la relación entre seguridad internacional y soberanía nacional.
