El acto se realizó en el Valle del Guamuez, donde un grupo de hombres y mujeres vinculados a Comandos de la Frontera ingresó a una Zona de Ubicación Temporal para iniciar su tránsito a la vida civil.
En medio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 100 personas dejaron armas, municiones y prendas de uso militar antes de ingresar a un espacio temporal dispuesto para su proceso de reincorporación.
El procedimiento se desarrolló después de dos años de conversaciones entre el Gobierno y esta estructura armada. Los integrantes llegaron a un punto de preconcentración por vía aérea, bajo medidas de seguridad, y posteriormente recibieron instrucciones para avanzar hacia la zona donde se cumplió la entrega del material de guerra.
Durante el acto, los participantes dejaron fusiles, municiones, camuflados y elementos que los identificaban como miembros de una organización armada. El material fue recibido por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que deberá inventariarlo antes de entregarlo a la Fuerza Pública para su destrucción.
La Zona de Ubicación Temporal fue habilitada en un predio de seis hectáreas arrendado en el Valle del Guamuez. Allí se acondicionaron habitaciones, baños, aulas, cocina y espacios de atención básica para acompañar el proceso de tránsito a la vida civil de los 100 integrantes que permanecerán en el lugar.
La seguridad del espacio estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección y contará con seguimiento de un Puesto de Mando Unificado instalado en La Hormiga, Putumayo. Desde allí se monitoreará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes y la relación con las comunidades cercanas.
Según lo acordado, la zona tendrá una vigencia de 10 meses, contados desde el aval otorgado por el presidente Gustavo Petro el 25 de febrero de 2026. Si un próximo gobierno decide terminar el mecanismo, deberá aplicar un protocolo que concede 72 horas para que las personas ubicadas en el espacio abandonen el lugar.
El proceso ocurre en una región con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y afectaciones históricas a comunidades campesinas e indígenas. Por esa razón, uno de los principales retos será garantizar que la implementación de la zona no genere riesgos adicionales para la población civil y que contribuya a reducir la violencia en el sur del país.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha señalado que este tipo de espacios buscan facilitar la dejación de armas, la verificación institucional y el inicio de rutas de reincorporación, mientras avanzan las conversaciones con estructuras armadas que han manifestado voluntad de negociación.
