Los expedientes del oficial retirado pasarán nuevamente a la Fiscalía y a los despachos judiciales ordinarios.
La Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, decidió excluir al coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha tras concluir que no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, ni atendió las obligaciones adquiridas dentro de los procesos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada investigados por la justicia transicional.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que evaluó el comportamiento procesal del compareciente dentro de los casos que adelanta la jurisdicción.
Según la determinación judicial, Ruiz Mahecha incumplió de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad, requisito indispensable para acceder y mantenerse dentro del Sistema Integral para la Paz.
De acuerdo con la JEP, el oficial retirado desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas y no realizó contribuciones suficientes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
La jurisdicción señaló que los comparecientes tienen la obligación de aportar verdad plena, contribuir a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición de las conductas ocurridas durante el conflicto armado.
Como consecuencia de la exclusión, uno de los procesos será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Asimismo, un segundo expediente retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, donde continuará la etapa de juzgamiento correspondiente dentro de la jurisdicción ordinaria.
El caso está relacionado con investigaciones que hacen parte del Caso 03 de la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido públicamente como el caso de los ‘falsos positivos’. En este macrocaso, la jurisdicción ha documentado al menos 6.402 víctimas reportadas de manera irregular como combatientes muertos en operaciones militares entre 2002 y 2008.
