Las administradoras pidieron al Consejo de Estado suspender provisionalmente la norma que reglamenta el traslado de recursos de afiliados que cambiaron de régimen tras la reforma pensional.
Las administradoras privadas de pensiones presentaron una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto del Gobierno que fija las condiciones para trasladar recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, al considerar que la medida excede lo dispuesto por la reforma pensional y podría generar impactos financieros en el sistema.
Las administradoras Skandia, Porvenir, Colfondos y Protección, a través de su apoderado judicial, radicaron la demanda ante el Consejo de Estado con el objetivo de que se suspendan los efectos del decreto que reglamenta el traslado de recursos de afiliados que decidieron cambiarse del régimen de ahorro individual al régimen público.
Según el documento presentado ante el alto tribunal, el decreto reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que creó una “oportunidad de traslado” para afiliados próximos a pensionarse que desean cambiar de régimen.
Las administradoras sostienen que la reglamentación expedida por el Gobierno va más allá de lo establecido en la ley, porque ordena trasladar de manera anticipada los recursos acumulados por los afiliados hacia Colpensiones.
De acuerdo con la demanda, la norma fija plazos entre 15 y 30 días para efectuar las transferencias de recursos una vez se materialice el cambio de régimen.
Las AFP argumentan que esa disposición obligaría a liquidar activos financieros en tiempos reducidos para disponer de los recursos necesarios, lo que podría afectar los portafolios de inversión administrados por los fondos.
El monto que estaría involucrado en estos traslados asciende aproximadamente a 24,5 billones de pesos, cifra asociada a los afiliados que han solicitado cambiar de régimen pensional en el marco de la reforma aprobada en 2024.
Por esta razón, las administradoras solicitaron al Consejo de Estado decretar una medida cautelar de suspensión provisional del decreto mientras se analiza de fondo su legalidad.
