Seis personas fueron capturadas tras nueve meses de investigación. La estructura, llamada ‘Los Stone’, intimidaba a sus víctimas haciéndose pasar por grupos armados ilegales.
Una estructura criminal que operaba en varios municipios de Cundinamarca y que estaría detrás del secuestro de un sacerdote en 2025, fue desmantelada tras un operativo que dejó seis capturados, luego de casi nueve meses de seguimiento por parte de las autoridades.
Los procedimientos se realizaron en Viotá, Sibaté, Funza y Bogotá, donde fueron detenidos Eliberto González Moreno, alias “Pimplín”; Carlos Julio Salazar Mora, alias “Rómulo”; Johan Steven Triana Herreño, alias “Pulga”; Raúl Eduardo Balbuena García, alias “Flaco”; Carlos Alberto López Valenzuela, alias “Rojo”; y William Sarmiento, alias “Tamal”, señalados de integrar esta red delincuencial.
De acuerdo con la investigación, el grupo habría sido responsable del secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes, ocurrido en zona rural de Viotá, donde la víctima permaneció 40 días en cautiverio mientras los delincuentes exigían una suma cercana a los $10.000 millones para su liberación.
El gobernador Jorge Rey destacó el resultado del operativo y el impacto del caso: “después de nueve meses de trabajo investigativo logramos desarticular esta estructura criminal responsable del secuestro del sacerdote y de múltiples extorsiones en el departamento”.
Según explicó, uno de los elementos más preocupantes era la forma en que operaban: “suplantaban grupos armados, usaban prendas militares y enviaban videos para intimidar a las familias y exigir grandes sumas de dinero”.
Las autoridades identificaron que la estructura tenía roles definidos. Alias “Pimplín” sería el cabecilla y autor intelectual del secuestro; alias “Rómulo” actuaba como custodio de la víctima; alias “Pulga” era el encargado de negociar el pago con la familia; mientras que alias “Flaco” y alias “Rojo” participaban en la ejecución y cobro de las extorsiones. Por su parte, alias “Tamal” cumplía funciones de seguimiento y selección de víctimas.
El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, explicó la complejidad del caso: “fueron nueve meses de investigación con la Fiscalía, con interceptaciones, entrevistas y análisis técnico que permitieron demostrar la responsabilidad de cada uno de los integrantes”.
El oficial agregó que el proceso incluyó una recolección masiva de pruebas: “se analizaron más de 18 horas de video, se verificaron más de 120 líneas telefónicas y se realizaron más de 50 informes de campo para estructurar el caso”.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron varios celulares y un vehículo que habría sido utilizado en el secuestro. Además, se estableció que la organización tenía presencia en municipios como Viotá, Silvania, Fusagasugá, Sibaté y Guachetá, además de operaciones en Bogotá.
Uno de los hallazgos clave es que varios de los capturados tenían antecedentes y experiencia en estructuras armadas ilegales, lo que les permitió replicar métodos de intimidación como el uso de uniformes, armas largas y videos simulando pertenecer a disidencias.
Las autoridades estiman que esta red podría haber estado generando ingresos cercanos a los $150 millones mensuales producto de las extorsiones.
Los capturados deberán responder por delitos como secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.
