La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que elimina la prohibición constitucional de penas perpetuas y habilita la cadena perpetua para delitos graves, en medio de la política de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño contra las pandillas.
El Congreso de El Salvador aprobó el 18 de marzo de 2026 una reforma constitucional promovida por el gobierno de Nayib Bukele,la cual permite imponer cadena perpetua a responsables de homicidio, violación y terrorismo.
La iniciativa fue aprobada por 59 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa apenas horas después de ser presentada. Con la modificación se elimina el artículo constitucional que prohibía las penas perpetuas en el país. Hasta ahora, la condena máxima en El Salvador era de 60 años de prisión, con la posibilidad de reducción de sentencia mediante beneficios judiciales.
Según el texto aprobado, la prisión perpetua se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas. Durante el debate legislativo, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, señaló que el objetivo es garantizar que quienes cometan estos delitos “no vuelvan a salir a las calles y cumplan su condena de manera permanente”.
La reforma se produce en medio de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022, cuando se instauró un régimen de excepción para enfrentar a las pandillas. Bajo esta medida, más de 91.500 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
De acuerdo con el World Prison Brief, El Salvador registra actualmente la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con cerca de 1.700 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes. El gobierno sostiene que estas medidas han reducido los homicidios a niveles históricos en el país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la política de seguridad. La organización Socorro Jurídico Humanitario aseguró que cerca de 500 personas han muerto en centros de detención durante el régimen de excepción y que, según sus registros, alrededor del 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.
Por su parte, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó durante la presentación del proyecto que la ofensiva estatal contra las pandillas continuará. “La guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, declaró el funcionario al defender la reforma ante el Congreso.
