Un fallo disciplinario de la Procuraduría argumenta que funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio accedieron a información considerada sensible durante visitas administrativas realizadas en 2024 a la Registraduría Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Procuraduría sancionó a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por presuntas extralimitaciones durante visitas realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría y la Cancillería, en las que habrían accedido a información reservada.
El fallo disciplinario, de 215 páginas, señala que entre el 12 y el 14 de marzo de 2024 varios funcionarios de la SIC realizaron visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La diligencia tenía como objetivo recaudar información relacionada con procesos de contratación y verificar el cumplimiento de normas de libre competencia económica.
Sin embargo, durante las inspecciones se solicitó acceso a equipos de cómputo y teléfonos celulares institucionales y personales de funcionarios de la Registraduría. De acuerdo con el documento, en algunos casos se realizaron copias forenses o “espejos digitales” de los dispositivos, lo que permitió extraer información almacenada en estos equipos.
Entre los dispositivos revisados se encontraban los de funcionarios como la registradora auxiliar de gestión, Cielo de la Consuegra; la gerente administrativa y financiera, Nohora Mendoza; y el registrador delegado para lo operativo, Jairo Chivará. Según la Procuraduría, dentro de la información consultada podría encontrarse data relacionada con el censo electoral, historiales clínicos y registros judiciales de colombianos en el exterior.
El organismo disciplinario concluyó que los funcionarios investigados habrían excedido las facultades otorgadas para estas diligencias administrativas, al acceder a información que no guardaría relación directa con el objeto de la investigación, centrada en posibles irregularidades contractuales.
La visita se originó a partir de denuncias sobre supuestas irregularidades en contratos entre entidades del Estado y la empresa Thomas Greg & Sons, firma que durante años ha participado en la producción de pasaportes y en procesos logísticos electorales en el país. Este tema ha sido objeto de debate público en medio de las discusiones sobre el modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de vigilar la libre competencia económica, proteger los datos personales y supervisar prácticas comerciales en el país. La Procuraduría, como organismo de control disciplinario, tiene la facultad de investigar y sancionar a funcionarios públicos cuando se presentan posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
