Autoridades ambientales suspendieron las actividades de una escombrera ilegal tras evidenciar el depósito irregular de residuos de construcción en el predio El Pinar, en la vereda San Martín.
Una denuncia ciudadana permitió a las autoridades ambientales identificar y suspender una escombrera ilegal que operaba en zona rural del municipio de Gachancipá. Durante una visita de inspección al predio El Pinar, ubicado en la vereda San Martín, técnicos evidenciaron la disposición irregular de residuos de construcción y demolición en un terreno que no cuenta con autorización para recibir este tipo de materiales.
En el lugar se encontraron montones de material de excavación, fragmentos de concreto, ladrillo y otros residuos provenientes de obras civiles, acumulados directamente sobre el suelo. La práctica, además de incumplir la normativa ambiental vigente, representa riesgos para el entorno natural y para la calidad del suelo.
“La normativa ambiental prohíbe abandonar o almacenar residuos de construcción en lugares no autorizados, porque terminan afectando el suelo y acelerando procesos de degradación como la erosión o la compactación”, explicó Mauricio Garzón, director regional Sabana Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Tras verificar la situación, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades en el predio y dio inicio a un proceso administrativo ambiental para establecer responsabilidades. Como parte de las medidas adoptadas, también se abrió un expediente que permitirá determinar posibles sanciones y exigir la restauración del área afectada.
La CAR solicitó además el acompañamiento de la Alcaldía de Gachancipá para reforzar la vigilancia en la zona y garantizar el cumplimiento de la medida impuesta. Los costos derivados de la recuperación del predio y de las acciones correctivas deberán ser asumidos por el presunto responsable.
Las autoridades reiteraron el llamado a constructores, transportadores y ciudadanos para que dispongan los residuos de construcción únicamente en sitios autorizados, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones administrativas. También invitaron a la comunidad a seguir denunciando este tipo de prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas y el ordenamiento del territorio rural.
