El anuncio del diálogo se produce tras la controversia por un borrador de decreto que contemplaba mover de manera inmediata recursos administrados por fondos privados. El Gobierno mantiene la intención del traslado, pero abre espacio para discutir tiempos y mecanismos.
El presidente Gustavo Petro confirmó este 27 de febrero en Bogotá que su gobierno conversará con la banca privada tras la polémica generada por un proyecto de decreto que proponía trasladar cerca de $25 billones de fondos privados a Colpensiones, con el fin de ajustar la implementación de la reforma pensional.
La decisión se da luego de que distintos sectores financieros y gremiales expresaron preocupación por el alcance del borrador, que contemplaba el traslado inmediato de recursos correspondientes a afiliados que, con la entrada en vigencia del nuevo modelo pensional, pasarían al régimen público.
El mandatario señaló que el traslado debe realizarse, pero precisó que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar sobre “los plazos y las formas” en que ese ahorro será devuelto o compensado dentro del nuevo esquema. La discusión se centra en la gradualidad del proceso y en las garantías para los afiliados.
El proyecto de reforma pensional aprobado establece un sistema de pilares en el que Colpensiones administrará las cotizaciones hasta cierto umbral, mientras que los fondos privados operarán el componente complementario. El borrador del decreto buscaba reglamentar la transición operativa y financiera.
Desde el sector financiero, voceros han advertido sobre posibles impactos en el mercado de capitales y en la liquidez del sistema, dado que los recursos administrados por las AFP están invertidos en títulos públicos, deuda privada y proyectos productivos. Entre tanto, el Gobierno sostiene que se trata de recursos que deben migrar al régimen público conforme a la nueva normativa.
La conversación anunciada por el presidente busca evitar un choque institucional y dar claridad sobre el cronograma de implementación. En los próximos días se espera una mesa técnica entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones y representantes de los fondos privados para definir los ajustes reglamentarios correspondientes.
