La Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, contempla hechos políticos ocurridos entre 2002 y 2025 y excluye delitos graves como violaciones a derechos humanos y acciones armadas con apoyo extranjero.
La Asamblea Nacional sancionó este 19 de febrero en Caracas una ley de 16 artículos que establece una amnistía general para personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos, en medio de la transición política tras la captura de Nicolás Maduro.
Durante una sesión de dos horas, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que la amnistía “es un perdón a cierto tipo de delitos” y precisó que no aplica para crímenes graves. La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que el objetivo es avanzar hacia la convivencia democrática y superar ciclos de confrontación.
La ley cobija hechos vinculados a distintos momentos de crisis política, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las protestas de 2014 y 2017, los eventos de 2019 y los procesos electorales de 2024 y 2025. También incluye actuaciones relacionadas con la Asamblea Nacional del período 2016-2020.
La amnistía excluye violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y narcotráfico con penas superiores a nueve años. Asimismo, deja por fuera a quienes hayan promovido o financiado acciones armadas o intervenciones extranjeras contra el país.
Según la ONG Foro Penal, más de 400 personas han sido excarceladas en las últimas semanas, aunque cerca de 600 seguirían privadas de la libertad por razones políticas. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, cuestionó que la ley no abarque de manera continua todo el período desde 1999, sino meses y contextos específicos.
La norma establece que los tribunales deberán verificar cada caso y decretar el sobreseimiento o la anulación de sentencias. También ordena cesar medidas cautelares y eliminar registros y antecedentes relacionados con los hechos amnistiados.
Una comisión especial integrada por 23 diputados, presidida por Jorge Arreaza y con la opositora Nora Bracho como vicepresidenta, será la encargada de vigilar la implementación de la ley. El debate sobre su alcance continúa en el país, mientras organizaciones de derechos humanos piden que el proceso avance con garantías y transparencia.
