La decisión se adoptó tras una reunión en Bogotá con países mediadores y organismos acompañantes, luego de la suspensión anunciada por el Estado Mayor del grupo armado. Las partes aseguran que se mantienen los compromisos suscritos.
El Gobierno Nacional confirmó este 17 de febrero que se levantó la suspensión de la mesa de negociación, con el objetivo de continuar el proceso socio-jurídico iniciado en 2025.
El anuncio fue realizado por el alto Comisionado para la Paz, quien indicó que “continuamos avanzando con los compromisos de paz”, dando por superada la suspensión que había sido comunicada días atrás por el Estado Mayor Conjunto del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según el informe oficial, la reunión contó con la participación de delegados del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal. El encuentro se desarrolló en Bogotá y tuvo como eje central la continuidad del proceso orientado a la desmovilización del grupo armado.
En el comunicado conjunto se señaló que la sesión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y que se acordaron compromisos que permitirán avanzar en la hoja de ruta definida para el proceso. Las partes reiteraron que el objetivo es generar condiciones que beneficien a las comunidades de los territorios donde el grupo tiene presencia.
La suspensión de la mesa se había producido luego de que el presidente Gustavo Petro sostuviera una reunión el 3 de febrero en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese encuentro se acordó fortalecer la cooperación para ubicar a cabecillas del narcotráfico, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, máximo comandante del Clan del Golfo.
Tras ese anuncio, el grupo armado informó la interrupción de los diálogos que se adelantaban desde septiembre de 2025 en Qatar. Con la decisión comunicada este 17 de febrero, la mesa retoma su funcionamiento en el marco del Espacio Socio-jurídico establecido entre el Gobierno y el grupo armado organizado.
En el proceso participan la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la delegación del Gobierno Nacional, los países garantes y acompañantes internacionales, así como organismos de verificación y la Conferencia Episcopal.
