La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló que entre enero de 2024 y octubre de 2025 recibió más de 6.000 reclamaciones por irregularidades en proyectos de vivienda en Colombia, un panorama que llevó a multas superiores a $7.500 millones y a un llamado urgente para reforzar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor.
La crisis de quejas por proyectos de vivienda quedó reflejada en los reportes oficiales de la SIC. Según la entidad, durante el periodo analizado se registraron 2.818 denuncias administrativas y 3.255 demandas judiciales, cifras que evidencian un volumen alto de conflictos entre compradores y constructoras en todo el país.
Entre las principales causas de reclamación figuran la publicidad e información engañosa, especialmente en lo relacionado con áreas, acabados y zonas comunes ofrecidas en los proyectos. A esto se suman cláusulas contractuales abusivas y problemas de garantía, como humedades, fisuras, fallas estructurales y retrasos en la entrega de los inmuebles o de las zonas comunes prometidas.
En respuesta a este panorama, la Delegatura para la Protección del Consumidor sancionó a 38 constructoras con multas que superan los $5.777 millones, tras comprobar infracciones que afectaron el interés general de los compradores. Estas investigaciones administrativas buscan corregir prácticas que vulneran los derechos establecidos en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.
Por su parte, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales emitió 302 sentencias a favor de los consumidores y aplicó multas por más de $1.731 millones a empresas constructoras que incumplieron órdenes judiciales o acuerdos de conciliación. Estas decisiones confirman que, además de las sanciones administrativas, los compradores cuentan con herramientas legales para exigir la reparación de los daños sufridos.
La SIC recordó que toda operación de compra de vivienda nueva está cubierta por garantías legales. Entre las obligaciones mínimas se encuentran informar el precio en pesos colombianos, detallar qué elementos están incluidos en la vivienda, respetar las fechas de entrega y escrituración y cumplir con lo prometido en la publicidad.
También es obligatorio revelar si el proyecto está en zonas de riesgo o si se desarrolla por etapas. La entidad aconseja a los ciudadanos verificar que la constructora esté registrada en la Cámara de Comercio, que cuente con licencias y permisos vigentes y, de ser posible, que el proyecto tenga respaldo de una fiducia inmobiliaria. En la entrega del inmueble, los compradores deben revisar que las áreas y calidades correspondan a lo pactado antes de firmar el acta.
Finalmente, la SIC invitó a los hogares a denunciar cualquier posible infracción, ya que estos reportes permiten abrir investigaciones que pueden terminar en sanciones o en órdenes de corrección para proteger el interés colectivo. La atención sobre las quejas por proyectos de vivienda seguirá siendo clave en un sector que mueve miles de millones y afecta directamente el patrimonio de las familias.
