Tras las afectaciones en la movilidad generadas por manifestaciones de recicladores en distintos puntos de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá advirtió que no negociará la aplicación del Decreto 014 de 2023, que regula la selección de material aprovechable en el espacio público.
El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, señaló que la problemática se debe a que algunos recicladores continúan ejerciendo su labor sin respetar las disposiciones vigentes, lo que ha provocado acumulación de basura, desorganización y la formación de puntos críticos en varias zonas de Bogotá.
Ante esta situación, el Distrito decidió fortalecer tanto las estrategias pedagógicas como las operativas para asegurar el cumplimiento del decreto. El funcionario aclaró que la administración distrital sostiene un trabajo constante con las asociaciones y recicladores que sí acatan la normativa y hacen uso de los espacios autorizados para clasificar adecuadamente el material reciclable. Sin embargo, explicó que las inconformidades y manifestaciones provienen de quienes mantienen prácticas irregulares y han optado por los bloqueos como forma de presión.
çFrente a la eventual continuidad de las protestas, Silva enfatizó que la Alcaldía no negociará bajo escenarios de cierres viales ni afectaciones a la movilidad. No obstante, reiteró la disposición del Distrito para dialogar y construir soluciones que fortalezcan la separación de residuos, siempre dentro del marco legal y respetando la normativa vigente.
Desde primeras horas del día, equipos de diálogo del Distrito, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), realizaron jornadas de acompañamiento y sensibilización con los manifestantes, con el fin de reducir el impacto sobre la movilidad y promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Las autoridades distritales subrayaron que los operativos no tienen un carácter sancionatorio ni persecutorio, sino que buscan garantizar el uso adecuado del espacio público, mejorar las condiciones de limpieza de la ciudad y proteger los derechos de los recicladores que ejercen su labor de manera organizada y conforme a la ley.
Respecto al modelo de aseo, la administración recordó que los contratos vigentes desde 2018 están próximos a vencer, lo que dará paso a un periodo de transición hacia un esquema de libre competencia, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico define el nuevo marco tarifario a nivel nacional. En este proceso, el Distrito acatará las directrices de la Corte Constitucional para garantizar los derechos de la población recicladora.
