La decisión de apartar al magistrado Héctor Carvajal y el empate 4-4 en la Corte dejaron sin claridad la implementación del sistema de pilares aprobado en la Ley 2381 de 2024.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la reforma pensional debía entrar en vigencia el 1 de julio, pero el país ya acumula más de seis meses de retraso mientras la Corte define su constitucionalidad. Cerca del 80 % de la reglamentación ya está expedida, incluyendo el decreto único reglamentario, la administración de recursos del pilar contributivo en cabeza del Banco de la República y las reglas operativas de fondos privados y Colpensiones.
Sanguino advirtió que las inversiones públicas y privadas en plataformas tecnológicas, procesos y adecuaciones operativas permanecen detenidas, y que los fondos privados alertan sobre posibles impactos financieros si la Corte tumba la reforma, debido a los cambios actuariales del nuevo modelo.
El retraso también genera incertidumbre para más de 17 millones de afiliados que evalúan traslados hacia Colpensiones. Aunque el Alto Tribunal mantiene la doble asesoría, la ausencia de un fallo definitivo impide que los trabajadores tomen decisiones claras sobre ahorro, proyecciones y planificación familiar.
Asimismo, la demora afecta a 3,1 millones de adultos mayores sin pensión que serían beneficiarios del Pilar Solidario, aplazando ingresos básicos y afectando directamente su calidad de vida. El ministro enfatizó que la Corte debe tomar una decisión pronta para evitar mayores afectaciones en el mercado laboral, la inversión y la confianza en el sistema pensional, y que la estabilidad jurídica es fundamental para trabajadores, fondos privados, empresas y el Estado.
