La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para estructurar una concesión vial que solucione los problemas del primer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, luego del voluminoso derrumbe en el kilómetro 18 que interrumpe el tránsito hacia los Llanos Orientales.
La Contraloría alertó que eventos críticos como el derrumbe del kilómetro 18, de gran magnitud, impiden el flujo vehicular adecuado entre Bogotá, Villavicencio y Yopal. La situación afecta tanto a viajeros como al transporte de carga, y evidencia que los recursos actualmente disponibles no son suficientes para garantizar la movilidad permanente.
El órgano de control invitó al Ministerio de Transporte y a la ANI a estructurar de manera inmediata una concesión vial para financiar, construir, operar y mantener los 34 kilómetros del primer tramo entre Usme y Cáqueza. Además, se requieren nuevas fuentes de financiación que sumen a los 9.134 millones de pesos ya asignados para las obras de remoción y contención del derrumbe.
Entre 1994 y 2024, la Nación ha invertido más de 11 billones de pesos en el corredor Bogotá-Cáqueza-Villavicencio-Yopal. Mientras los tercios 2 y 3 del tramo ya cuentan con doble calzada y buenas condiciones, el primer tercio sigue siendo vulnerable a derrumbes y cierres frecuentes, que afectan la economía y la conectividad de los Llanos y la Orinoquía.
La Contraloría enfatiza que la vía Bogotá-Villavicencio-Yopal es clave para el desarrollo agroindustrial y alimentario de la región. Garantizar su operatividad no solo protege las inversiones realizadas, sino que asegura la circulación de personas y mercancías, evitando pérdidas millonarias y retrasos en la cadena productiva del país.
Sin una intervención pronta, los cierres seguirán afectando a los departamentos del Meta y Casanare, generando perjuicios económicos y limitando el desarrollo regional.
