Luego de haber exigido documentos internos como actas de consejos editoriales, manuales y políticas de funcionamiento a los canales de televisión abierta, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) echó atrás esa solicitud y ahora propone un espacio conjunto de diálogo para fortalecer el pluralismo informativo y aclarar las tensiones generadas.
La controversia se encendió cuando la CRC envió, el 8 de octubre, un oficio a medios como Caracol, RCN y Canal Uno, requiriendo que entregaran sus políticas editoriales, protocolos, actas de decisiones internas y criterios de selección de contenidos, con advertencia de posibles sanciones ante el incumplimiento.
Esa solicitud genero fuertes reacciones en el sector. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) elevó una alerta por posible afectación al secreto profesional y la autonomía editorial. La Procuraduría abrió una acción preventiva para revisar si la petición excedía las competencias de la CRC y vulneraba la libertad de prensa. Los medios afectados, por su parte, alegaron que los consejos editoriales contienen discusiones internas sensibles y que revelar sus actas podría socavar la independencia periodística.
Ante la creciente polémica, la CRC respondió aclarando que la petición no era una investigación formal, que se trataba de una “invitación voluntaria” y que no tenía carácter sancionatorio. Reconoció también que algunas redacciones interpretaron mal el documento inicial y se comprometió a emitir precisiones para aclarar sus verdaderas intenciones.
Finalmente, tras el rechazo público, la CRC decidió retirar oficialmente la solicitud y planteó construir un espacio colaborativo con los canales de televisión, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para diseñar mecanismos que promuevan pluralismo, transparencia e imparcialidad sin invadir la autonomía editorial.
El episodio deja abierta la discusión sobre los límites del papel regulador del Estado en materia de medios informativos. La CRC insiste en que su interés es obtener información diagnóstica para mejorar la regulación del sector audiovisual, mientras los medios y organismos de control advierten que los métodos deben respetar la libertad de prensa y la reserva periodística.
