En las últimas 72 horas, Migración Colombia inadmitió a nueve personas por estar vinculadas a alertas de pedofilia y turismo sexual. Este viernes, seis de esos casos se registraron en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia: cinco ciudadanos estadounidenses y un mexicano. En lo corrido del 2025, ya suman cerca de 50 extranjeros impedidos de ingresar al país por los mismos motivos.
En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, seis personas fueron detenidas al momento de su intento de ingreso: cinco ciudadanos estadounidenses, cuatro provenientes de Miami, uno de Fort Lauderdale y un mexicano procedente de Ciudad de México.
Durante el proceso migratorio se activaron advertencias del sistema internacional Angel Watch y otras bases de datos que relacionan a estos viajeros con delitos de pedofilia, abuso infantil o turismo sexual. En algunos casos, el equipaje contenía elementos que, según las autoridades, permiten presumir su vinculación con actividades ilícitas. Todos fueron inadmitidos y devueltos de inmediato a sus países de origen.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, enfatizó que “la protección de la niñez no es negociable”, y aseguró que el Gobierno actúa con tolerancia cero frente a quienes pretenden ingresar al país con fines de explotación sexual. Según la entidad, estos seis casos se suman a un total de nueve inadmisiones en los últimos tres días. En lo que va del año, la cifra alcanza cerca de 50 extranjeros impedidos de ingresar por alertas relacionadas con delitos sexuales.
Entre 2024 y 2025, cerca de 80 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en Colombia por alertas internacionales vinculadas con pedofilia y turismo sexual, según reportes oficiales. La mayoría de los casos corresponden a viajeros procedentes de Estados Unidos, quienes fueron detectados gracias a sistemas de cooperación internacional. Las cifras reflejan la magnitud de un problema persistente: entre 2020 y 2022, se registraron al menos 714 víctimas de explotación sexual infantil en el país, muchas de ellas atrapadas en redes locales y transnacionales que operan principalmente en zonas turísticas como Cartagena, Medellín y Santa Marta.
