De acuerdo con un estudio de la CAR, los municipios más afectados son La Mesa, Anapoima, El Colegio, Girardot, Fusagasugá, Silvania, La Vega, Villeta y Guatavita, entre otros.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió sobre el avance acelerado de la suburbanización, fenómeno que consiste en la ocupación de suelos rurales con usos residenciales, comerciales y de servicios. Este crecimiento desordenado, que en un pasado cercano se veía como oportunidad de descanso y retiro, hoy se ha convertido en un enemigo silencioso que “devora” ecosistemas estratégicos y presiona la riqueza ambiental del departamento.
El llamado de atención lo hizo Yoagen Díaz Fontecha, director de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR, quien precisó “el proceso de subdivisión de predios y el aumento de construcciones no se limita a la Sabana de Bogotá, sino que también se extiende a regiones como el Tequendama, el Alto Magdalena, el Sumapaz y el Gualivá”. De no tomar medidas contundentes y gestionarse adecuadamente, la suburbanización puede comprometer la seguridad hídrica, la biodiversidad y la calidad de vida en Cundinamarca, señaló el funcionario.
“Estos territorios, por su clima, paisaje y cercanía a Bogotá, están siendo ‘devorados’ por proyectos de parcelación, condominios, balnearios y nuevas infraestructuras que fragmentan la ruralidad y ponen en riesgo su función productiva”, indicó la entidad. La problemática se agrava por la desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y por las limitaciones en el control urbano. Factores como el desarrollo vial y la presión del mercado inmobiliario han favorecido un crecimiento disperso y poco planificado, generando desequilibrios territoriales.
Mientras la vivienda se expande en distintas zonas rurales, la actividad económica de comercio e industria se concentra en pocos municipios, lo que aumenta la presión sobre los recursos naturales. Frente a este panorama, la CAR hizo un llamado a las autoridades municipales y a la ciudadanía a actuar de forma coordinada para frenar este fenómeno. La entidad propone fortalecer los POT, proteger suelos de vocación agrícola, evitar la fragmentación de ecosistemas estratégicos y controlar la urbanización en corredores viales. “La preservación de la ruralidad y el uso sostenible del territorio no es solo un compromiso ambiental, sino una garantía de bienestar para las generaciones presentes y futuras”, concluyó Díaz Fontecha.
