Según la Ala decisión de fijar precios mínimos al arroz paddy verde ignora las dinámicas del mercado, y pone en riesgo la sostenibilidad de la cadena que genera más de 8.000 empleos formales.
El mercado y productores de arroz en Colombia enfrentan una nueva discusión, esto se da tras semanas de tensiones por el paro de productores y luego que el Ministerio de Agricultura oficializó la resolución que somete el arroz paddy verde —grano sin procesar— al régimen de libertad regulada. Esta decisión fija precios mínimos por tonelada en cinco regiones del país y busca garantizar condiciones de comercialización para los agricultores.
Sin embargo, la medida ha encendido las alarmas en la industria. La Cámara Induarroz de la ANDI, que agrupa a buena parte del sector arrocero, expresó su preocupación por los efectos que esta regulación puede tener en la cadena productiva. “La imposición del régimen de libertad regulada ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector”, señaló el gremio, agregando que los precios mínimos establecidos son “hasta un 17% más altos que el precio de mercado”.
En el comunicado, la agremiación también advierte que esta intervención podría traer consecuencias no deseadas, como el aumento del precio del arroz blanco al consumidor, mayores siembras en un contexto de sobreoferta y pérdida de competitividad frente a las importaciones. “Preocupa muy especialmente que la medida va en contravía de lo que el sector necesita”, destacó Induarroz.
La industria insiste en que el verdadero problema está en la sobreproducción. Según cifras del gremio, en 2024 se sembraron 631.000 hectáreas de arroz —un récord histórico—, lo que dejó inventarios un 92% superiores a los del año anterior. En este escenario, la Cámara considera que las políticas deberían enfocarse en facilitar la absorción de la cosecha, no en desincentivarla con mecanismos que alteren el mercado.
Finalmente, Induarroz coincidió con la Superintendencia de Industria y Comercio, que en un concepto previo advirtió que la libertad regulada “es una clara limitación al libre proceso de formación de precios” y que sólo podría justificarse si es transitoria. El gremio llamó al Gobierno a trabajar en soluciones estructurales para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector arrocero de cara a los retos comerciales de los próximos años.
