La nueva legislación, sancionada por el presidente de la República, modifica aspectos clave del allanamiento a cargos, los preacuerdos, los principios de oportunidad y establece nuevos parámetros para garantizar la reparación integral de las víctimas.
La Fiscalía General de la Nación destacó la entrada en vigor de la Ley 2477 del 11 de julio de 2025, una norma que busca dinamizar la aplicación de la justicia penal en Colombia, restaurar el equilibrio en el sistema acusatorio y promover mecanismos eficaces de terminación anticipada de procesos.
Esta ley es el resultado de una construcción conjunta entre la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, con respaldo del Congreso de la República. Su objetivo central es brindar mayor celeridad a los procesos penales sin sacrificar garantías fundamentales como el debido proceso, el respeto a los derechos de las víctimas y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Entre los cambios más relevantes, la Ley 2477 introduce un artículo al Código de Procedimiento Penal que permite la extinción de la acción penal cuando haya una reparación integral del daño en ciertos delitos específicos. También flexibiliza el uso de la prueba anticipada en investigaciones por delitos como abuso sexual, explotación de menores y otros crímenes cometidos por estructuras criminales organizadas, eliminando la necesidad de demostrar motivos fundados o extrema urgencia.
Asimismo, la norma establece que en los casos donde se aplique el principio de oportunidad por ciertas causales, será obligatorio practicar como prueba anticipada el testimonio del beneficiado, garantizando la preservación del medio probatorio. Además, define que los compromisos asumidos por el procesado deberán cumplirse en un plazo máximo de un año, prorrogable por el mismo periodo.
También amplía el alcance del principio de oportunidad desde la etapa de indagación hasta antes de la audiencia de juzgamiento y otorga autonomía a los fiscales para aplicarlo en delitos con penas superiores a seis años.
Finalmente, la nueva ley modifica disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal sobre la prescripción de la acción penal y los términos de medidas de aseguramiento en delitos graves como feminicidio y homicidio de menores de edad. De igual forma, incluye cambios en la Ley 1121 de 2006 para permitir rebajas de hasta el 50% de la pena mediante preacuerdos o allanamientos en delitos de terrorismo, extorsión y secuestro, con lo que se busca incentivar la colaboración eficaz y la resolución anticipada de procesos complejos.
